El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera el envejecimiento activo de las personas con discapacidad una cuestión estratégica, por ello, pide que en el actual contexto de recortes en prestaciones sociales se garanticen los recursos necesarios para favorecer el envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad e insiste en la obligación de garantizar estabilidad económica y no retroceso en los derechos adquiridos.

Así se pone de manifiesto en un documento sobre envejecimiento activo de las personas con discapacidad, elaborado por el CERMI, en el que recuerda que las personas mayores representan hoy en España 8 millones de personas, un 17% de la población, y se estima que la población mayor de 65 años aumentará en nuestro país a 15 millones de personas (31%) en el año 2049.

Además, el CERMI insiste en que en el caso las personas con discapacidad, según datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia elaborada por el INE en 2008, de los 3,85 millones de personas con discapacidad residentes en hogares, aproximadamente 2,23 millones (es decir, el 56%) tienen más de 65 años.

En este sentido, explica que el umbral de vida de las personas con discapacidad aumenta al igual que el del resto de los ciudadanos y asegura que muchas personas durante su proceso natural de envejecimiento van adquiriendo discapacidades.

A lo largo del proceso de envejecimiento, explica el CERMI, las personas con discapacidad se enfrentan a los mismos problemas que afectan al resto de la población por razón de edad pero también tienen que hacer frente a problemas concretos, como por ejemplo, un deterioro más temprano en las habilidades personales que el que presenta cualquier persona mayor y una doble discriminación.

El CERMI exige que en el actual contexto de recortes en prestaciones sociales se garanticen los recursos necesarios para favorecer el envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad e insiste en la “obligación de garantizar estabilidad económica y no retroceso en los derechos adquiridos, ante la limitación de derechos que supone la situación actual y la ausencia de recursos para darles respuesta”.

De este modo, exige que las políticas públicas incidan en la prevención de la aparición y/o del agravamiento de las discapacidades y del deterioro en las edades avanzadas e invertir en políticas de envejecimiento activo, lo que, considera, redundará en la optimización de los sistemas existentes. Por ello, dice, “es preciso prevenir situaciones de riesgo que provoquen o aumenten situaciones de discapacidad/dependencia en la vejez”.

El CERMI subraya la necesidad de que se promueva activamente el Derecho a vivir de formaindependiente y a ser incluido en la comunidad, incrementando el conocimiento sobre los servicios y modelos de apoyo a las personas con discapacidad en la vida adulta, incorporando las necesidades que se derivan de los procesos de envejecimiento y diseñando servicios o recursos que promuevan su calidad de vida en las distintas esferas vitales.

Es fundamental, según recoge el documento, el desarrollo y adopción de modelos de intervención eficaces relacionados con los estilos de vida, así como la detección precoz de posibles riesgos y mejoras en la calidad de vida, “concienciando a los profesionales de la salud, de la educación y de los servicios sociales en su responsabilidad en el desarrollo de estas medidas de manera coordinada”.

El impulso del aprendizaje formal e informal a lo largo de toda la vida, facilitando las metodologías y recursos de apoyo que cada persona precise, “como herramienta clave para un envejecimiento activo”, es otra de las reivindicaciones del CERMI, quien subraya la formación y la adquisición de habilidades básicas para la vida diaria y la autonomía personal y la promoción del conocimiento y uso de las TIC accesibles para las personas mayores con discapacidad, especialmente las que residen en el ámbito rural.

En esta línea, solicita que se garantice la protección jurídica de los derechos de la personas con discapacidad, proporcionando los recursos necesarios que garanticen el apoyo a la toma de decisiones personales en estos casos, así como el acceso y disfrute de las personas mayores con discapacidad a la vida cultural y social en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Asimismo, pide que se trabaje para que las personas mayores que adquieran problemas de salud y por tanto, condición de personas con discapacidad, “sean valoradas y enmarcadas dentro del marco de las personas con discapacidad”; que se tenga presente la perspectiva de género en las estrategias y políticas en materia de envejecimiento activo de las personas con discapacidad; y que se refuercen las políticas de apoyo a las familias.

Finalmente, aboga porque desde los medios de comunicación se transmita una imagen positiva de las personas con discapacidad y de aquellas que envejecen, incrementando la visibilidad de las personas con discapacidad que envejecen, sensibilizando a la sociedad sobre esta realidad y erradicando estereotipos negativos que no responden a la realidad.

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