Ante el anuncio de la inminente puesta en marcha del sistema denominado “alternativas terapéuticas equivalentes”, por parte de la Consejería de Salud, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) quiere recordar su criterio, como órgano que representa a los más de 33.000 médicos habilitados en Andalucía, coincidente con el de la mesa de expertos organizada por esta corporación el pasado 26 de junio

1. Es imprescindible mantener la libertad de prescripción del médico. La implantación de un sistema de equivalencias terapéuticas que no contemple alternativas razonables científicamente, elimina la posibilidad de recetar medicamentos que puedan resultar más beneficiosos para los pacientes, los cuales somos el centro de la sanidad pública y sólo el médico está capacitado para decidir que medicamento debe tomar cada paciente concreto.

2. No se puede seleccionar únicamente por criterios económicos. Es obligación ineludible de las administraciones públicas, concretamente de la Consejería de Salud y el SAS en Andalucía y el Ministerio de Sanidad en España, consensuar con la profesión médica, que es la que conoce y trata directamente la salud de los pacientes, todas las cuestiones que tengan que ver con fármacos y sus efectos, siendo un enorme error seleccionar únicamente con criterios económicos, sin atender a criterios científicos médicos objetivados universalmente. Asimismo, es necesario consensuar con las otras profesiones sanitarias, conocedores científica y profesionalmente de las necesidades de los pacientes y usuarios.

3. Competencia estatal a fin de no generar posibles desigualdades territoriales. Cuestiones como equivalentes terapéuticos o centrales de compras, deben de hacerse desde el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad, de manera consensuada con los profesionales, unificadamente para toda España, ya que en caso contrario, se puede romper la cohesión de nuestro sistema y se generara desigualdad entre los pacientes de las distintas comunidades, no pudiendo recibir los mismos tratamientos en todas ellas.

4. La seguridad de nuestros pacientes. Por último, significar que la seguridad al paciente la dan los médicos que lo atienden y conocen su patología y el mejor tratamiento, siendo los profesionales los que deben consensuar, en su caso, a nivel de Consejo Interterritorial, los terapéuticos y sus posibles equivalencias para todo el Estado. Los tratamientos deben individualizarse atendiendo a las características de cada paciente, ya que los distintos medicamentos autorizados para una misma indicación difieren en su mecanismo de acción, su perfil de seguridad, sus condiciones de administración y otros factores. La eficacia del mismo debe de estar avalada por la Agencia Española del Medicamento, y su uso debe de apoyase en guías terapéuticas consensuadas a nivel nacional e internacional y no por estimaciones indirectas, siendo esencial actuar bajo las premisas del rigor clínico y científico de los médicos, con el objetivo de posibilitar el mejor tratamiento para cada paciente.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya se pronunció el pasado mes de mayo sobre el anuncio de la Consejería en el que expresaba su deseo de realizar un acuerdo marco para implantar un sistema farmacológico público basado en lo que han denominado “alternativas equivalentes terapéuticas”. Este consiste en limitar la libertad de prescripción en la medicina pública asignando un solo medicamento para cada indicación terapéutica, eliminando la posibilidad de recetar otros medicamentos existentes en el mercado para el mismo tratamiento o indicación terapéutica. Ante la preocupación, el CACM convocó una mesa redonda con expertos de todos los ámbitos y de toda España, denominada “La sociedad médica y las alternativas terapéuticas equivalentes” y cuyas conclusiones totales pueden leerse en la web del Consejo www.cacm.es