Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos | ALCER Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos | ALCER

Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos

Pensiones de jubilación de la seguridad social en su modalidad contributiva

Prestación económica, única para cada beneficiario y que consiste en una pensión vitalicia que le será reconocida por la Seguridad Social, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo.

Dentro del concepto de jubilación contributiva podemos distinguir:

  • Jubilación total, cuando se cese totalmente en la actividad laboral.
  • Jubilación parcial, cuando se posibilita la compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación y el desempeño de un puesto de trabajo a tiempo parcial.
  • Jubilación anticipada, bien por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, o por voluntad del interesado.

 Requisitos

Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta.

Haber cumplido 67 años de edad, o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. (Existe una tabla para la aplicación gradual de la edad de jubilación entre el año 2013 y el 2027).

Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar derecho a la pensión.

 Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Prestaciones de la seguridad social de incapacidad permanente en su modalidad contributiva.

En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

 

Se distinguen 4 clases de prestaciones según el grado de incapacidad:

  • Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual
  • Incapacidad permanente total para la profesión habitual
  • Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
  • Gran invalidez

La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, consiste en una indemnización a tanto alzado que es compatible con cualquier tipo de actividad laboral.

En el resto de las Incapacidades la prestación consiste en una pensión.

En la gran invalidez se incrementa la cuantía con un complemento, destinado a remunerar a la persona que atiende al pensionista.

Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez están exentas del impuesto sobre el IRPF.

 

Requisitos

Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. No obstante, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque el interesado no se encuentre en el momento del hecho causante en alta o en situación asimilada al alta.

Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar derecho a la pensión.

Si la causa fue debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, no se exigirá periodo previo de cotización.

No se reconoce el derecho a prestación de incapacidad permanente cuando el beneficiario tenga la edad prevista para la jubilación y reúna los requisitos exigidos parta causar derecho a esta pensión.

 Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Pensiones de viudedad de la seguridad social

Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador, independientemente de las causas que lo motiven, cuyo beneficiario será el cónyuge superviviente, pareja de hecho, o el excónyuge en determinados casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, si se reúnen los requisitos establecidos.

En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenece a alguno de estos colectivos.

 Requisitos del causante

Ser trabajador afiliado y en alta o en situación asimilada con un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si la muerte es debida a accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.

También pueden ser causantes de pensión de viudedad los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización

Ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente en su modalidad contributiva, o trabajador que hubiera cesado en su actividad laboral con derecho a pensión y no la hubiera solicitado, o se tratara de trabajador desaparecido en circunstancias que hagan presumible su muerte.

Requisitos del beneficiario

Ser cónyuge superviviente.

Que el matrimonio se haya celebrado con un año de antelación al fallecimiento, producido por enfermedad común y no sobrevenida, tras el matrimonio, salvo que existan hijos comunes.

En separados o divorciados del causante, que no hubieran contraído nuevas nupcias o constituido pareja de hecho, siendo acreedores de pensión compensatoria que queda extinguida por el fallecimiento.

En caso de nulidad matrimonial que el superviviente, respecto al que no cupiera apreciación de mala fe, no hubiera contraído nuevas nupcias.

En el supuesto de pareja de hecho, según los ingresos personales.

El porcentaje se incrementará en caso de existencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Pensión de orfandad de la seguridad social

Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador, independientemente de las causas que lo motiven, cuyos beneficiarios serán los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que al fallecer el causante sean menores de 18 años o estén incapacitados para el trabajo.

En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenece a alguno de los dos últimos colectivos citados.

 Requisitos del causante

Ser trabajador afiliado y en alta o en situación asimilada. No se exige periodo mínimo de cotización cuando el fallecimiento se produce por enfermedad común.

También pueden ser causantes de pensión de orfandad los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización

Requisitos del beneficiario

Ser hijo del causante menor de 18 años, o estar incapacitado para el trabajo.

Ser hijo del causante mayor de 18 años y menor de 22 o 24 años, si no sobrevive ninguno de los dos padres, y el huérfano presenta una discapacidad igual o superior al 33% y sus ingresos económicos no supera determinados límites.

Ser hijo del cónyuge sobreviviente, aportado al matrimonio celebrado antes de dos años del fallecimiento sin derecho a otra pensión ni familiares obligados a prestarle alimentos.

Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Pensión de la seguridad social a favor de familiares

Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador o pensionista, independientemente de las causas que lo motiven, cuyos beneficiarios serán los nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos, o hijos del causante, siempre que al fallecer este cuenten con determinada edad, o estén incapacitados para el trabajo

En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenezca a alguno de los colectivos citados.

Existe un subsidio temporal a favor de familiares para casos que no tuvieran derecho a pensión.

 Requisitos del causante

Ser trabajador afiliado y en alta o en situación asimilada con un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si la muerte es debida a accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.

También pueden ser causantes de pensión a favor de familiares los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización.

Ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente en su modalidad contributiva, o trabajador que hubiera cesado en su actividad laboral con derecho a pensión y no la hubiera solicitado, o se tratara de trabajador desaparecido en circunstancias que hagan presumible su muerte.

Requisitos del beneficiario

Convivencia con el causante y a sus expensas con dos años, como mínimo de

antelación a su fallecimiento.

No tener derecho a otra pensión pública.

Carecer de medios de subsistencia (ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional).

Inexistencia de familiares obligados a prestarles alimentos según el código civil.

 Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI).

Prestación económica, única para cada beneficiario y que consiste en una pensión vitalicia por vejez, invalidez o viudedad que le será reconocida por la Seguridad Social, a quienes a 1 de enero de 1967, tuvieran cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido seguro de vejez e invalidez, o en su defecto, hubiesen figurado afiliados al Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, si los interesados no tienen derecho a otra pensión, con excepción de las de viudedad.

Requisitos de los beneficiarios

Acreditar la carencia de cotización que corresponda.

No tener derecho a ninguna otra pensión con cargo a los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social, salvo viudedad.

Tener cumplidos 65 años de edad en el supuesto de vejez o que la invalidez sea absoluta y permanente para la profesión habitual y causa del cese en el trabajo.

Solicitud

La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Pensiones de jubilación e invalidez de la seguridad social en su modalidad no contributiva

Pensiones de la Seguridad Social que aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

 Requisitos

Para pensión de jubilación:

Tener 65 o más años de edad.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecer de rentas o ingresos o que éstos, en cómputo anual, sean inferiores al importe íntegro anual de la pensión no contributiva.

No obstante, si son inferiores al importe íntegro de la pensión, y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia no superan los límites establecidos en la Ley.

Para pensión de invalidez:

Tener 18 años o más y menos de 65.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 5 años, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecer de rentas o ingresos o que éstos, en cómputo anual, sean inferiores al importe íntegro anual de la pensión no contributiva.

No obstante, si son inferiores al importe íntegro de la pensión, y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia no superan los límites establecidos en la Ley.

Los pensionistas de invalidez no contributiva cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán además un complemento del 50% del importe anual integro de la pensión.

Solicitud

La solicitud podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del IMSERSO o en cualquier otra de la Seguridad Social en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94).

Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas, la ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (B.O.E. nº 69, de 21.3.91).

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación (B.O.E. nº

280 de 20.11.09).

Complemento por residencia en vivienda alquilada para los Titulares de pensión de jubilación e invalidez de la seguridad social, en su modalidad no contributiva

Complemento anual de la pensión no contributiva previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio económico a favor de beneficiarios de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir de forma habitual en una vivienda alquilada.

 Requisitos

Ser pensionista de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva en la fecha de la solicitud.

Carecer de vivienda en propiedad.

Ser el arrendatario de la vivienda en la fecha de la solicitud.

No tener relación de parentesco hasta el tercer grado con el arrendador de la vivienda, ni que sean cónyuge o persona con la que se constituya una unión estable y convivan con análoga relación de afectividad a la conyugal.

Tener fijada la residencia habitual en la vivienda, requisito que se considerará cumplido cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y se haya residido en la misma durante un periodo mínimo anterior de 180 días.

Solicitud

Se presentará en los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y de Melilla así como en los registros y oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

La Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento de complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (BOE nº 186, de 04.08.2012).

Asignación económica por hijo a cargo o menor acogido a cargo

Se trata de una asignación económica por cada hijo del beneficiario, menor de

18 años o mayor de dicha edad si está afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65%, cualquiera que sea la naturaleza legal de filiación, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar permanente o preadoptivo.

Los hijos con discapacidad, mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar, previa solicitud y audiencia de los progenitores, serán beneficiarios de las asignaciones que por razón de ellos corresponderían a sus padres.

Serán beneficiarios de la asignación los huérfanos de ambos progenitores menores de 18 años o discapacitados en un grado igual o superior al 65%.

 Requisitos

Residir legalmente en territorio español.

Tener hijos o menores acogidos a su cargo de edad inferior a 18 años o mayores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que residan en el territorio español.

No percibir ingresos anuales superiores al límite que para cada ejercicio establezca la ley de Presupuestos Generales del Estado. Este límite no se exigirá en caso de hijo con discapacidad.

No tener derecho a prestaciones de la misma naturaleza en cualquier otro régimen de protección social.

 Solicitud

Se presentará en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en sus Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por le que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94). Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social (B.O.E. nº 279, de 22.11.05).

Asistencia sanitaria para pensionistas

Prestación social de la Seguridad Social, por la que el pensionista y sus beneficiarios tienen derecho a atención médica, dispensada por la red pública de salud y atención farmacéutica.

La atención farmacéutica conlleva aportación del usuario que se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario. La aportación para las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social será del 10% del precio de venta, salvo para las personas cuya renta sea superior a 100.000 €, en cuyo caso será del 60%.

Los pensionistas no contributivos de la Seguridad Social están exentos de pago por la atención farmacéutica.

 Requisitos

Ser pensionista de la Seguridad Social, o beneficiario del pensionista.

 Solicitud

Los servicios sanitarios, dependiendo del ámbito geográfico, los gestionan las Comunidades Autónomas, excepto en las ciudades de Ceuta y de Melilla, que son gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

También tiene derecho el pensionista a recibir asistencia sanitaria en sus desplazamientos. Para ello, si viaja por España, es suficiente presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta de asistencia sanitaria.

Si se viaja por el extranjero, antes de emprender el viaje, debe de dirigirse a su CAISS o llamar al teléfono de información 900 16 65 65, solicitando información sobre la documentación que se precisa.

 Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94). Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. (BOE nº 98, de 24.04.2012).

Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. (BOE nº 186, de 04.08.2012).

Pensiones de clases pasivas del estado

Pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, orfandad y a favor de padres, causadas por los funcionarios públicos del Estado (civiles, militares y de la Administración de Justicia).

Los funcionarios de las Comunidades Autónomas, de la Administración local, de la Seguridad Social y de los Organismos autónomos, se encuentran encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social y causan derecho a pensiones de la Seguridad Social.

A partir del 1 de enero de 2011, todo el personal que adquiera la condición de funcionario queda encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social.

 Tipos de Pensiones:

De Jubilación para los civiles y retiro en los militares, que puede ser de carácter forzoso o voluntario.

Por incapacidad permanente/inutilidad para el servicio, que se declara de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado esté afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico irreversible que le imposibilite para el desempeño de las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera.

Pensión ordinaria de viudedad o subsidio temporal de viudedad. En la actualidad se reconoce igualmente la pensión a la pareja de hecho, si se acreditan determinados requisitos en el momento del fallecimiento del causante.

Pensión ordinaria de orfandad.

Pensión ordinaria a favor de padres.

Pensiones extraordinarias, cuando el hecho causante es la incapacidad permanente para el servicio, causada en acto de servicio, o su fallecimiento por tal causa.

Pensiones extraordinarias derivadas de acto terrorista.

Pensiones excepcionales, reconocidas a título personal, por leyes especiales.

Otras pensiones y ayudas cuyo pago corresponde a la Dirección General de

Costes de Personal y Pensiones Públicas.

 Requisitos

Los recogidos en la normativa vigente para cada uno de los tipos y clases de pensiones.

Solicitud

Se presenta en los Registros de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, del Ministerio de Economía y Hacienda, en las Delegaciones Provinciales del citado Ministerio en las que se facilitará el impreso correspondiente, o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley de Clases Pasivas del Estado.

Prestaciones sociales y económicas de la ley de integración social de las personas con discapacidad (LISMI)

Son prestaciones destinadas a la protección de las personas con discapacidad que por no desarrollar actividad laboral no están comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

Dentro de las prestaciones económicas se encuentran:

El Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM), consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a subvenir las necesidades básicas, tales como alimentación, vestido y habitación de quienes careciendo de los medios necesarios para su subsistencia, no estén en condiciones por razón de su grado de discapacidad de obtenerlos.

El Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP), consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a aquellas personas afectadas por una discapacidad que, a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesitan, a juicio del equipo multiprofesional, la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

El Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Trasporte

(SMGT), consiste en una prestación económica, de carácter periódico destinada a atender los gastos originados por desplazamientos fuera del domicilio habitual de aquellas personas con discapacidad que, por razón de ésta, tengan graves dificultades para utilizar transportes colectivos.

Dentro de las prestaciones sociales se encuentra:

La Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica, que consiste en la prestación de dichos servicios a personas que no tengan derecho como titular o como beneficiario a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del Régimen General o Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad Social.

 Requisitos del Subsidio de garantía de Ingresos Mínimos (SGIM)

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. Si teniendo reconocido el derecho se comienza a trabajar, se suspenderá el pago, recuperándose automáticamente cuando finalice la actividad.

No ser beneficiario o no tener derecho a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público.

No superar el nivel de recursos económicos personales el 70%, en cómputo anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Si el beneficiario tiene personas a su cargo el importe se incrementa en un 10% por cada miembro distinto al beneficiario, hasta el tope máximo del 100% del citado Indicador.

Tener 18 o más años de edad.

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% y verse imposibilitado para obtener empleo adecuado.

Requisitos del Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP)

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.

No ser beneficiario o no tener derecho, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público.

No superar el nivel de recursos económicos personales el 70%, en cómputo anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Si el beneficiario tiene personas a su cargo el importe se incrementa en un 10% por cada miembro distinto al beneficiario, hasta el tope máximo del 100% del citado Indicador.

Tener 18 o más años de edad.

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 75%.

Necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida.

No hallarse internado en centro.

 Requisitos del Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de

Trasporte (SMGT)

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.

No ser beneficiario o no tener derecho, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público.

No superar el nivel de recursos económicos personales y/o familiares el 70%, en cómputo anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Si el beneficiario tiene personas a su cargo el importe se incrementa en un 10% por cada miembro distinto al beneficiario, hasta el tope máximo del 100% del citado Indicador.

Tener 3 o más años de edad.

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Grave dificultad para utilizar transportes colectivos.

No encontrarse imposibilitado para desplazarse fuera de casa.

Si está interno en centro, salir al menos diez fines de semana al año.

 Requisitos de la Prestación Social de Asistencia Sanitaria y Prestación

Farmacéutica (ASPF)

Estar afectado por un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33%.

No tener derecho por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titular o como beneficiario a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del Régimen General o Regímenes Especiales del sistema de la Seguridad Social. o de otro organismo público.

Solicitud

El Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) y El Subsidio para Ayuda de tercera Persona (SATP), son prestaciones a extinguir, no cabe nueva solicitud, se mantienen para los beneficiarios que continúan manteniendo los requisitos exigidos y no optan por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.

El Subsidio de Movilidad y compensación por gastos de transporte (SMGT) y la

Asistencia sanitaria y Prestación farmacéutica (ASPF), se encuentran en vigor por lo que la solicitud podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social en las que se facilitará el impreso correspondiente, o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Legislación aplicable

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad (B.O.E. nº 103, de 30.4.82).

Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982 (B.O.E. nº 49 de 27.06.84).

Orden de 13 de marzo de 1984 por la que se establecen las normas de aplicación de las prestaciones sociales y económicas reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero (B.O.E. nº 70 de 22.03.84).

Ley 3/1997, de 24 de marzo, sobre recuperación automática del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (B.O.E. nº 72, de 25.3.97).

Pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad (PAS) (pensiones del fondo de bienestar social en el País Vasco y Navarra)

Son ayudas económicas individualizadas y de carácter periódico a favor de personas mayores y de enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo.

 Requisitos

Haber cumplido 66 años en las ayudas para mayores.

En ayudas por enfermedad o invalidez, encontrarse absolutamente incapacitado para toda clase de trabajo (se asimila a la incapacidad para todo tipo de trabajo, la del inválido o enfermo que pudiendo realizar algún tipo de trabajo, no sea éste de los usuales en el lugar de residencia).

Carecer de medios económicos para la subsistencia, es decir, contar con ingresos inferiores al importe anual de estas ayudas, o que la renta per cápita de la unidad de convivencia sea inferior al citado importe.

No tener familiares obligados a la atención en la forma establecida en el código civil.

No pertenecer a Comunidades, Institutos, Órdenes u Organizaciones religiosas que por sus reglas o estatutos estén obligadas a prestarle asistencia.

No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, cuyas características, valoración y posibilidades de venta indiquen la existencia de medios suficientes para atender a la subsistencia.

Solicitud

Son prestaciones a extinguir, no cabe nueva solicitud, se mantienen para los beneficiarios que continúan manteniendo los requisitos exigidos y no optan por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.

 Legislación aplicable

Ley 45/1960, de 21 de julio, sobre Fondos Nacionales para la Aplicación Social del Impuesto y del Ahorro (B.O.E. nº 176, de 23.7.06).

Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el que se regulan Auxilios a

Ancianos y Enfermos del Fondo Nacional de Asistencia Social. (B.O.E. nº 266, de 6.11.81).

Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes (suprime el PAS) (B.O.E. nº 176, de 23.7.92).

Servicios y prestaciones económicas por dependencia

Las prestaciones de atención a la dependencia tendrán la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la protección de la situación de dependencia se presta de acuerdo con tres niveles.

El nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, se financia, íntegramente, por la Administración General del Estado.

El segundo nivel de protección, se acuerda entre la Administración General del Estado y la Administración de cada Comunidad Autónoma a través de convenios. En estos convenios se establece la financiación que corresponde a cada Administración para este nivel de protección.

El tercer nivel adicional de protección se establece y financia por la Comunidad Autónoma.

Requisitos

Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Solicitud

Las solicitudes se dirigirán a la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante.

Legislación aplicable

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).

Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 114, de 12.5.07).modificado por Real Decreto 99/2009 de 6 de febrero.

Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 114, de 12.5.07).

Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley 39/2006, modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero y Real Decreto 570/2011, de 20 de abril

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 42, de 18.02.2011).

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, de

24.05.2010).

Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011.

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE

nº 315, de 31.12.2011).

Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE nº 168, de 14.07.2012).

Centros estatales de promoción de la autonomía personal (CAP/CRMF)

Son centros de ámbito estatal que prestan un conjunto de servicios recuperadores de contenido médico-funcional, psicosocial y de orientación y formación profesional ocupacional, en régimen de internado, media pensión o ambulatorio, dirigidos a personas con discapacidad física o sensorial en edad laboral.

 Requisitos

Tener grado de discapacidad reconocido.

No padecer enfermedad infecto contagiosa ni necesitar atención de forma continuada en instituciones sanitarias.

No padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la convivencia.

Tener cumplidos 16 años. Excepcionalmente serán admitidos mayores de 14 años, si su proceso formativo y necesidades personales así lo requieren.

 Solicitud

Se presentarán en las Direcciones Territoriales del IMSERSO, Centros del IMSERSO u Órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las transferencias del IMSERSO en materia de Servicios Sociales.

 

Legislación aplicable

Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del IMSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (B.O.E. nº 243 de 11.10.84)

Orden de 4 de junio de 1992, del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 144 de 16.06.92).

Orden de 7 de septiembre de 1982, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación para personas con discapacidad física (CRMFs), del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 227 de 22.09.82).

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 1.10.87).

Resolución de 18 de enero de 1993, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos y traslados en los Centros de Recuperación para personas con discapacidad física (B.O.E. nº 97 de 23.04.93).

Centros estatales de atención a personas con dependencia (CAD/CAMF)

Son centros de ámbito estatal destinados a la atención integral, en régimen de internado y media pensión de aquellas personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir la integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario.

 Requisitos

Tener grado de discapacidad reconocido

No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni necesitar atención de forma continuada en instituciones sanitarias.

No padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la convivencia

Alcanzar la puntuación mínima exigida para el ingreso

Ser beneficiario del sistema de la Seguridad Social o tener derecho a las prestaciones del mismo

Contar con edad superior a los 16 años para plazas de internado.

Estar afectados por una discapacidad física a consecuencia de la cual precisen atención de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria.

Carecer de posibilidades razonables de rehabilitación y recuperación profesional.

Encontrar graves dificultades para ser atendido en régimen familiar o domiciliario.

No padecer oligofrenia, salvo en caso de plazas de atención especializada.

 Solicitud

Se presentarán en las Direcciones territoriales del IMSERSO, Centros del IMSERSO u órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las transferencias del IMSERSO en materia de Servicios Sociales.

Legislación aplicable

Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del IMSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (B.O.E. nº 243 de 11.10.84).

Orden de 4 de junio de 1992, del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 144 de

16.06.92).

Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia para personas con discapacidad física (CAMFs) de la Seguridad Social (B.O.E. nº 270 de 16.11.84).

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 1.10.87)

Centros de referencia estatal (CRE)

Son centros que garantizan el equilibrio interterritorial de acceso a las prestaciones básicas en todos los territorios del Estado y ofrecen a las personas afectadas y a sus familias los siguientes servicios:

Asistencia personal de salud, manutención y alojamiento en régimen de internado o atención diurna.

Rehabilitación médico funcional, entrenamiento de la autonomía personal y rehabilitación psicosocial

Apoyo familiar en la readaptación al entorno comunitario y de inserción social.

 Requisitos

Ser persona mayor o persona en situación de dependencia o familiar de éstos, que por su situación o características precisen de atención especializada.

También serán beneficiarios las instituciones, asociaciones profesionales y empresas que trabajen en el sector, universidades y centros de investigación y docencia, y las organizaciones de acreditación y evaluación.

 Solicitud

Se presentarán en las Direcciones Territoriales del IMSERSO, Centros del IMSERSO u órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las transferencias del IMSERSO en materia de Servicios Sociales.

Legislación aplicable

Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del IMSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (B.O.E. nº 243 de 11.10.84).

Orden de 4 de junio de 1992, del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 144 de 16.06.92).

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 01.10.87).[/symple_toggle]
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Subvenciones individuales a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO.

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Son subvenciones individuales de carácter excepcional o extraordinario a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO

Clases:

Para atención temprana.

Para recuperación médico funcional.

Para tratamientos psicoterapéuticos.

Para atención personal.

Para atención domiciliaria.

Para atención institucionalizada en Instituciones de atención especializada.

Para Movilidad y comunicación.

Para Transporte.

Para Comedor.

Para Residencia.

Para actividades profesionales.

Requisitos

Ser beneficiario de centro estatal de atención a personas con discapacidad cuya titularidad corresponda al IMSERSO.

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o en caso de subvenciones para la rehabilitación, que las medidas solicitadas impidan o retrasen la evolución desfavorable de la discapacidad, a juicio del Equipo de Valoración y Orientación, aunque el grado de discapacidad no alcance al 33%.

Precisar a juicio del Equipo de Valoración y Orientación la subvención solicitada.

No percibir o percibir en inferior cuantía, de otro organismo o entidad, la subvención solicitada.

Haber justificado las subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.

No estar incurso en las prohibiciones para obtener subvención del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Solicitud

La solicitud se presentará en la oficina de registro del Centro de pertenencia, que la remitirá a la Dirección General del IMSERSO en un plazo de diez días hábiles desde la fecha de recepción.

El plazo de presentación será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial del Estado.

Legislación aplicable

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de

18 11.03).

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176,

de 25.7.06).

Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (B.O.E. nº 138, de 9.6.07).

Programas de vacaciones y termalismo para mayores del IMSERSO

El Programa de Vacaciones es un programa social de la Administración del Estado, dirigido a personas mayores, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, y paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico.

El Programa de Termalismo es un programa social dirigido a personas mayores que proporciona, a través del IMSERSO, tratamientos termales por prescripción facultativa, para pensionistas.

Requisitos para el Programa de Vacaciones

Tener como mínimo 65 años cumplidos.

Ser pensionista de jubilación del Sistema Público de Pensiones.

Ser pensionista de viudedad del Sistema Público de Pensiones, de edad igual o superior a 55 años.

Ser otro tipo de pensionista del Sistema Público de Pensiones, o prejubilado con 60 años cumplidos

Valerse por sí mismo y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia

Se considerarán beneficiarios, en calidad de acompañantes los cónyuges de los solicitantes aunque no reúnan el requisito de la edad y pensión.

Se admitirá como acompañante al hijo con discapacidad, con un grado igual o superior al 45% si viaja con sus padres y ocupa cama supletoria en la misma habitación.

 Requisitos para el Programa de Termalismo

Ser pensionista de jubilación o invalidez del Sistema de la Seguridad Social, o por concepto de viudedad o de otras pensiones, cuando el beneficiario haya cumplido 60 años.

Ser español, residente en el exterior que perciba una pensión pública, con más de 60 años que cumpla el resto de los requisitos.

Valerse por sí mismo y no padecer trastornos mentales que alteren la convivencia, ni enfermedad infectocontagiosa.

Precisar el tratamiento termal y carecer de contraindicación médica para recibirlo.

Obtener la puntuación requerida.

El beneficiario podrá ir acompañado de su cónyuge o asimilado al que no se le exigirá el requisito de ser pensionista de la Seguridad Social.

Solicitud para el Programa de Vacaciones

Si en la pasada temporada se estaba acreditado en el IMSERSO, no es necesario cumplimentar nueva solicitud para viajar.

Si se accede por primera vez al programa o se reanuda la participación tras un periodo de inactividad, se debe formular solicitud, que puede cumplimentarse a través de la página Web o recogerse en los ayuntamientos, centros y oficinas de Servicios Sociales.

Las solicitudes podrán presentarse en:

Internet, cumplimentando la solicitud vía Web.

En los Ayuntamientos que tengan suscrito convenio.

En los centros de servicios sociales u oficinas donde se recoge la solicitud.

En el apartado de correos 10.140 (28080 Madrid).

Conforme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Solicitud para el Programa de Termalismo

En la convocatoria anual que publica el IMSERSO se establece el lugar y plazo de presentación de solicitudes

Si en la pasada temporada se solicitó plaza en el IMSERSO, no es necesario cumplimentar nueva solicitud, el IMSERSO remite un modelo simplificado de renovación.

Si se accede por primera vez al programa o se reanuda la participación tras un periodo de inactividad, se debe formular solicitud.

Las solicitudes se pueden presentar en:

Los Centros de Mayores y Direcciones Territoriales del IMSERSO.

Los Órganos que designen las Comunidades Autónomas.

Los Servicios Centrales del IMSERSO.

Legislación aplicable

Orden de 15 de marzo de 1989, que establece y regula el Servicio de Termalismo Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales. (B.O.E. nº 81, de 5.4.89).

Orden de 26 de diciembre de 1990, por la que se modifica la de 15 de marzo de 1990, que estableció y reguló el Servicio de Termalismo Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 10, de 11.1.91).

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social durante cada año.

Actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad del IMSERSO

Son subvenciones del IMSERSO a Entidades del sector de la discapacidad para la realización de viajes accesibles que permitan a las personas con discapacidad y/o dependencia participar en actividades de ocio, cultura y promoción de la salud, así como el descanso de las familias que las tienen a su cargo.

Clases:

Vacaciones y turismo de naturaleza.

Turismo cultural en el ámbito de la Unión Europea.

Termalismo.

Requisitos

Contar con calificación de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.

Superar la puntuación requerida, una vez aplicados los baremos o criterios de mayor discapacidad, necesidad socio económica, pertenencia a familia numerosa en sus distintas categorías, no haber asistido a convocatorias anteriores y necesidad de descanso de los familiares cuidadores.

Solicitud

Se dirigirán directamente a las Entidades ejecutantes de estas actividades que figuran en la página Web www.Imserso.es, en el apartado prestaciones y subvenciones/actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad/entidades ejecutantes.

Cada una de las Entidades ejecutantes de estas actividades, acuerdan las fechas y lugares de viaje así como la cuota de abono de los participantes. Esta información se ha de requerir por los usuarios a efectos de optar por la actuación de su interés.

El plazo de solicitud puede considerarse continuo, ya que las convocatorias anuales de estas subvenciones, se concatenan unas con otras.

 Legislación aplicable

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de

18 11.03).

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

Orden TAS/989/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (B.O.E. nº 90, de

14.4.07).

Prestaciones económicas para los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil

Prestación económica a reconocer a los ciudadanos de origen español, desplazados durante su minoría de edad al extranjero, en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, como consecuencia de la guerra civil española y, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.

 Requisitos

Residir en el extranjero y ser perceptor de pensión regulada en el Real Decreto 8/ 2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior.

Residir en territorio español y ser perceptor de pensión de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, de la pensión asistencial regulada en el Real Decreto 2620/1981, de 21 de julio o de la pensión por razón de necesidad regulada en el punto primero.

Que con independencia del país de residencia sean perceptores del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, o reúnan los requisitos para su reconocimiento.

Que con independencia del país de residencia, no tengan derecho a las pensiones por razón de necesidad, no contributiva o asistencial, por disponer de rentas o ingresos superiores al límite establecido para acceder a las mismas, siempre que dichas rentas sean de cuantía inferior al establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio económico.

 Solicitud

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentarse:

  • En el caso de residentes en España en la Dirección General de Migraciones o en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas o en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
  • En el caso de residentes en el extranjero, en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, o en las Secciones de Empleo y Seguridad Social de las Oficinas consulares o en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas del lugar de residencia del solicitante.

Legislación aplicable

Ley 3/2005, de 18 de marzo, por las que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional (B.O.E. nº 68, de 21.03.2005).

Orden TAS/1967/2005, de 24 de junio, por la que se establecen las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra vil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio Nacional (B.O.E. nº 151, de 25.06.2005).

Prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados

Prestación dirigida a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al extranjero por razones laborales, económicas o cualquier otras, y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la realidad socioeconómica del país de residencia.

En el caso de que los beneficiarios de esta prestación carezcan de la cobertura de asistencia sanitaria en el país de residencia o cuando su contenido y alcance fueran insuficientes, tendrán derecho a la cobertura de dicha contingencia en los términos establecidos en la normativa aplicable.

La prestación por razón de necesidad comprende:

La prestación económica por ancianidad.

La prestación económica por incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo.

La asistencia sanitaria.

Requisitos

Tener cumplidos 65 años en la fecha de la solicitud para la prestación económica por ancianidad.

Ser mayor de 16 años y menor de 65 y estar en situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo en la fecha de la solicitud para la prestación económica de incapacidad.

Residir legal y efectivamente en aquellos países donde la precariedad del sistema de protección social justifique esta prestación.

No pertenecer a Institutos, Comunidades, Órdenes y Organizaciones que, por sus reglas o estatutos estén obligados a prestar la asistencia necesaria.

Carecer de rentas o ingresos suficientes en los términos recogidos en los artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto 8/2008.

No poseer bienes muebles o inmuebles con valor patrimonial superior a la cuantía anual de la base de cálculo correspondiente el país de residencia.

No haber donado bienes en los últimos 5 años por un valor superior al establecido en la base de cálculo correspondiente al país de residencia.

Solicitud

La solicitudes se presentarán en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social de las Embajadas, en las Secciones de Empleo y Seguridad Social o, en su defecto, en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).

Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados (B.O.E. nº 21, de 24.1.08).

Asistencia sanitaria para españoles de origen, pensionistas o trabajadores por cuenta ajena, residentes en el extranjero, que se desplacen temporalmente al territorio nacional

Son prestaciones de asistencia sanitaria, de carácter residual, es decir, en ausencia de cobertura, cuando de acuerdo con las disposiciones de la legislación de Seguridad Social española, las del Estado de procedencia o las normas o convenios internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no se encuentren previstas.

 Requisitos

Encontrarse inscrito en el Padrón de Españoles residentes en el extranjero.

Contar con nacionalidad española de origen.

Contar con la condición de pensionista de un sistema público de protección social o bien, contar con contrato de trabajo por cuenta ajena en vigor.

Que el país de residencia no exporte el derecho a la prestación de asistencia sanitaria y normativa de amparo.

Solicitud

Se presentará en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en sus Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

 Legislación aplicable

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).

Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados (B.O.E. nº 21, de 24.1.08).

Resolución de 25 de febrero de 2008, conjunta de la Dirección General de Emigración y de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional. (B.O.E. nº 53, de 1.3.08).

Ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados

 Ayudas destinadas a atender los gastos extraordinarios derivados del hecho del retorno cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de la solicitud.

No se considerarán gastos extraordinarios los correspondientes a pasajes de vuelta, ni al traslado de muebles y enseres, salvo circunstancias de absoluta excepcionalidad.

 Requisitos

Ser español de origen, retornado.

Encontrarse dentro de los nueve meses siguientes al retorno.

Haber residido en el exterior un mínimo de 5 años anteriores a la fecha de retorno.

Encontrarse en situación de necesidad, para cuya valoración serán tenidos en cuenta los familiares a cargo como el cónyuge o asimilados y los parientes en primer grado por consanguinidad, afinidad o adopción que convivan y dependan económicamente del retornado.

Solicitud

Se presentarán en las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno correspondientes al domicilio del solicitante, o Direcciones Insulares.

En la Dirección General de Migraciones, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración y en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislación aplicable

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).

Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados (B.O.E. nº 283, de 26.11.07).

Abono social de telefónica

El Abono social de telefónica es un plan de precios, dirigido a jubilados y pensionistas, incluidos tanto los perceptores de una pensión pública como los de una pensión privada reconocida por decisión judicial, que supone una reducción del 70% en el importe de la cuota de alta del servicio telefónico fijo, o cuota de conexión y una rebaja del 95% en el importe de la cuota de abono de la línea individual.

 Requisitos

Ser jubilado o pensionista, bien de pensiones públicas o privadas.

Que la renta familiar no supere el 120% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el año 2011 8.945 € anuales.

Que la instalación de la línea beneficiaria del Abono social coincida con el empadronamiento del titular.

Que el titular no disponga de otro teléfono que se beneficie del Abono social.

 Solicitudes

Al número de fax 901 50 37 00

Por correo ordinario al Apartado de Correos 423 código postal 48080 Bilbao

Por correo electrónico a: abonosocial@comunicacion.moviestar.es

 Legislación aplicable

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE nº 264, de 04.11.2003).

Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de enero de

2007, por la que se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal (BOE nº 60, de 10.03.2007).

Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 13 de mayo de

2010, por la que se modifica el umbral de renta familiar para acceder al abono social telefónico (BOE nº 149, de 19.06.2010).

Bono social eléctrico

El Bono social es una protección adicional del derecho de suministro de electricidad, creado por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio para determinados consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) y un valor de referencia, que se denomina tarifa reducida, permitiendo congelar las subidas de la tarifa eléctrica, manteniéndose la tarifa del 1 de julio de 2009.

Esta ayuda ha sido prorrogada hasta el 1 de enero de 2014.

 Requisitos

Ser titular del contrato de la luz.

Ser consumidor con 60 o más años de edad y pensionista, que perciba pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) o pensionista no contributivo de la Seguridad Social.

Tener contratada una potencia inferior a 3 kw.

Estar acogido a las tarifas de último recurso (TUR).

Presentar la solicitud para la vivienda habitual.

 Solicitudes

En las oficinas de la compañía eléctrica que suministra el servicio, personalmente o enviando la documentación por fax o e-mail.

 Legislación aplicable

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social (BOE nº 111, de

07.05.2009).

Tarjeta dorada de Renfe

Es una tarjeta de descuento de un 25%, 30% y 40% sobre el precio del billete, destinada a los mayores de 60 años y a pensionistas mayores de 18 años en situación de incapacidad total, absoluta o gran invalidez formalmente declarada, así como a personas con discapacidad igual o superior al 65%.

Para estos últimos se emitirá una tarjeta con la impresión “y acompañante”, que permite viajar a otra persona disfrutando de las mismas condiciones de descuento.

 Requisitos

Ser mayor de 60 años, pensionista por incapacidad permanente mayor de 18 años, o persona con discapacidad con grado igual o superior al 65%.

También pueden acceder los pensionistas de Clases pasivas del Estado y retirados militares en situación de incapacidad permanente, total absoluta y gran invalidez.

 Solicitud

En las estaciones y oficinas de RENFE, así como en las agencias de viaje, por

5 euros.

Existe la posibilidad de asociar la tarjeta dorada a tarjetas de crédito y débito de algunas entidades financieras.

Aulas para mayores o universidad de los mayores

Son programas confeccionados para alumnos senior con características especiales.

La primera diferencia es que para acceder a estas aulas no se exige ninguna titulación ni requisito académico previo, aunque en algunas universidades el candidato tiene que superar una prueba de selección o entrevista.

Sus objetivos no son la consecución de una titulación oficial, ni la incorporación al mercado de trabajo, sino el enriquecimiento personal, fomentar el desarrollo de la persona, incentivar las relaciones intergeneracionales o facilitar nuevos conocimientos para poder desenvolverse en una sociedad tan cambiante como la actual.

Los programas tienen una duración de tres a cinco años. Abundan los programas de 45 créditos a razón de 15 por curso (150 horas).

 Requisitos

Tener más de 55 años, aunque existen excepciones a partir de los 50 años.

Contar con tiempo libre.

Generalmente estar jubilado o ser ama de casa.

 Solicitudes

En las propias Universidades.

 Legislación aplicable

Título preliminar, artículo 1 apartado d) y Título IV artículo 34.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que contempla la posibilidad de extender la formación universitaria a lo largo de toda la vida (BOE nº 307, de 24.12.2001).

Exención del impuesto de matriculación y del impuesto de circulación, para la adquisición de un vehículo para transporte de personas con discapacidad.

Son exenciones que vienen a facilitar la adquisición de vehículo para el desplazamiento de las personas con discapacidad, propiciándose así su movilidad.

 Requisitos

Que el solicitante cuente con calificación de persona con discapacidad de al menos el 33% de grado.

Que el coche se matricule a nombre de la persona con discapacidad.

Que su uso sea exclusivo para la persona con discapacidad.

 Solicitud

En la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda que corresponda, se solicita la exención del impuesto de matriculación. Esta tramitación es previa a la adquisición del vehículo.

En las Oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento que corresponda se solicita la exención del impuesto de circulación.

 Normativa aplicable

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido (BOE nº 312, de 29.12.1992).

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE nº 313, de 30.12.2000).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las haciendas locales, (BOE nº 59, de 9.03.2004).

Reducción del IVA en la adquisición de un vehículo para personas con discapacidad.

Se aplica el IVA reducido del 4%.

En la adquisición y reparación de vehículos cuya tara no sea superior a 350 k, y que no puedan alcanzar en llano una velocidad superior a 45 k/h, construidos especialmente, y no meramente adaptados, para personas con discapacidad física.

Adquisición de vehículos a motor, que con adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quien sea el conductor de los mismos.

Adquisición de vehículos destinados a ser utilizados como auto taxis o auto turismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas.

Requisitos

Contar con calificación de discapacidad en la que conste específicamente la concurrencia de movilidad reducida debido a causas físicas (sensoriales o motrices), edad, deficiencias intelectuales o cualquier otra causa de discapacidad manifiesta que impida el uso de un medio de transporte colectivo.

 Solicitud

En la delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda que corresponda.

La solicitud deberá de ser previa a la adquisición del vehículo.

 Normativa aplicable

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido (BOE nº 312, de 29.12.1992).

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Vehículos (BOE nº 22, de 22.01.99).

Reducciones, exenciones y deducciones en la declaración del IRPF

El Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es un impuesto de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas según su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.

Las reducciones son las que se aplican a la Base Imponible (Suma de los rendimientos netos de: trabajo, capital, actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales) y que dan como resultado la Base Liquidable.

Las rentas exentas se encuentran en el art. 7 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, las más importantes a efectos de aplicación a las personas con discapacidad son las que se citan a continuación:

Las pensiones reconocidas a favor de aquellas personas que sufrieron lesiones y mutilaciones como consecuencia de la Guerra Civil.

Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la substituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que haya sido causa de aquellas inhabilitará al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.

Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del TR de la LGSS, y las pensiones y los derechos asumidos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacidades para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo de acogida de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores. (…)

Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para curas en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se deriven de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Además, existe una adecuación de la base a las circunstancias de cada contribuyente, lo que se llama “mínimo personal y familiar”, que es la parte que se supone imprescindible para atender las necesidades básicas del contribuyente y su familia.

El mínimo por ascendientes tiene en cuenta si este es mayor de 65 o 75 años.

La cuota íntegra:

Una vez calculada la base y restadas las reducciones, se aplican los porcentajes y obtenemos la cuota íntegra.

  1. a) Reducciones por discapacidad:

Existen reducciones por discapacidad del contribuyente y por discapacidad de los ascendientes o descendientes.

Cuando el grado de discapacidad es inferior al 65% e igual o superior al 33%, la persona con discapacidad reduce su base imponible. Esta cifra se incrementa si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%.

Las personas con discapacidad que obtengan rendimientos como trabajadores activos reducirán la base imponible en el caso de que el grado sea igual o superior al 33% e inferior al 65%. Si la discapacidad es igual o superior al 65% se verá incrementada la reducción.

La reducción también se incrementará si el trabajador necesita ayuda de terceros, tiene movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Las reducciones no podrán ser superiores a la cuantía de los rendimientos netos de trabajo.

Por cada uno de los descendientes o ascendientes a los que se les pueda aplicar el mínimo por descendiente o la reducción por ascendiente, si tienen discapacidad, la base imponible se reducirá en casos con un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%.

Si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%, la cifra de reducción se incrementa. Por cada ascendiente de edad igual o superior a 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, la base imponible se reducirá.

Por cada ascendiente mayor de 75 años, será mayor la cuantía a reducir, cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas, se tenga una movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%, los gastos de asistencia del contribuyente o de ascendientes y descendientes contarán con una reducción.

  1. b) Deducción del importe de la inversión en la vivienda habitual o en los elementos comunes del edificio cuando se efectúen obras para la supresión de barreras arquitectónicas (BBAA) o de la comunicación.
  2. c) Reducción de la base imponible para el importe de aportaciones y contribución a sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad: Las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad física o sensorial, igual o superior al 65%; psíquica igual o superior al 33%, así como a favor de personas con discapacidad declarada judicialmente, podrán reducir la base imponible con los límites que se indican en el art. 53 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE núm.285).
  3. d) Reducciones de las aportaciones a patrimonios protegidos de persona con discapacidad: Las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuadas por las personas con la misma relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado, tendrán derecho a reducir la base imponible un máximo de 10.000 €; el conjunto de las reducciones realizadas por todas las personas que aporten no podrá exceder de 24.250 € anuales. Es conveniente ver todas las especificaciones contenidas en el art. 54 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE núm. 285) en relación a los límites, a las aportaciones no monetarias.

Requisitos

Para tener la consideración de persona con discapacidad se requiere tener el certificado de reconocimiento de la discapacidad del IMSERSO o de las comunidades autónomas competentes, una pensión de la Seguridad Social por Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez, una pensión de clases pasivas por incapacidad permanente o inutilidad para el servicio o una incapacitación judicial, que equivale a un grado de discapacidad del 65%.

Para obtener deducciones por supresión de barreras arquitectónicas o de la comunicación en la vivienda habitual, se requiere un certificado que acredite la necesidad de ejecución de las obras. Además, se requiere que la persona que necesite las adaptaciones sea el sujeto pasivo u otra persona unida a éste por matrimonio o parentesco de consanguinidad de primer grado y con la que conviva.

Solicitud

No se requiere ningún trámite especial. Sólo se requiere indicar las reducciones y deducciones pertinentes en la Declaración del IRPF.

Normativa

Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 04/08/2004).

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio.

Fuente: Guía de prestaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Recursos estatales y autonómicos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Edición 2013

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