Aragón dará el visto bueno esta semana a un Decreto ley que permitirá concertar servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro, lo que frenará la competencia con empresas privadas. Además, la DGA ha firmado un convenio con Cermi para mejorar la atención de las personas con discapacidad.

 Concertar servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro. Es el principal objetivo del Decreto ley de Acción Concertada que podría ser convalidado esta semana en las Cortes de Aragón. Así lo ha asegurado el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, que ha recordado que esta medida “es pionera en España”. 

 Gracias a este Decreto, las entidades sin ánimo de lucro se podrán hacer cargo, mediante la acción concertada, tanto de la gestión de centros como de prestaciones o servicios, evitando que estos colectivos tengan que pasar por un proceso de contratación y, por lo tanto, no tengan que competir en precios con empresas privadas.

 De esta forma, se evitará que sufran “la competencia desleal de entidades que procedían de otros sectores de la economía y que venían a atender el mundo de la discapacidad con una visión estrictamente de negocio”, ha asegurado Lambán.

Estas declaraciones del presidente han tenido lugar en el Edificio Pignatelli, donde se ha firmado un protocolo de colaboración con Cermi Aragón para mejorar el desarrollo de todo tipo de acciones relacionadas con personas con discapacidad. La vigencia del convenio es de dos años, renovable por igual periodo. 

 Lambán han detallado que este convenio tiene una “óptica transversal” porque existen numerosas cuestiones que atañen a la discapacidad, ya sean políticas sociales, arquitectura de las ciudades y la accesibilidad, políticas laborales y función pública.

 Por su parte, la presidenta de Cermi Aragón, Elena Valencia, ha destacado la importancia del “debate y el diálogo” sin dejar de lado “el carácter reivindicativo” y ha incidido en dos aspectos fundamentales para llegar a la firma de este protocolo: “La óptica transversal, que supera la tradicional visión sectorial del problema; así como el diálogo mantenido, que a su juicio permitirá, desde el debate honesto y sincero, avanzar en numerosos aspectos vitales para este sector”. 

A inicios de Legislatura, había 2.291 plazas concertadas en discapacidad (1.183 de residencia, 794 de centro ocupacional y 314 de centro de día). Actualmente, existen 2.628 plazas concertadas (1.373 de residencia, 913 de centro ocupacional y 342 de centro de día). 

 Es decir, “se ha aumentado en un 15% el número de plazas concertadas y aún más en residencia, que llega al 16%”, han detallado desde la DGA. 

 Además, mensualmente son atendidas casi 4.500 personas con discapacidad en los servicios sociales, sean o no personas en situación de dependencia.

 Líneas de actuación

 Entre las líneas de actuación que recoge el convenio aparece la aprobación de una ley de derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, incluyendo el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

También se quiere promover en las Cortes de Aragón la creación de una subcomisión que se encargue de analizar la situación de las personas con discapacidad y de sus familias.

 Se garantiza el cumplimiento de la cuota de reserva en las ofertas de empleo público no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y compatibilidad con el desempeño de las tareas. Al menos el 2% deberían ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

 También se cumplirá la reserva de participación de los centros especiales de empleo en los procedimientos de adjudicación de contratos y en su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos previstos en la ley.

 Con el fin de mantener los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, tratará de garantizarse el otorgamiento de las subvenciones previstas del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo ocupado por persona con discapacidad que realice una jornada de trabajo laboral ordinaria y que esté en alta en la Seguridad Social, por un importe del 50% del salario mínimo interprofesional.

 

El acuerdo también quiere garantizar subvenciones extraordinarias hasta conseguir un importe del 75% del salario mínimo interprofesional, a trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo que tengan especiales dificultades de inserción laboral (personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65%).

 Otra de las metas que propone es la de una dotación anual en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo no inferior a la del ejercicio 2015, destinada a la financiación de proyectos generadores de empleo estable a través de centros especiales de empleo registrados.

Se quieren garantizar las convocatorias anuales de subvenciones destinadas a la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo. El presupuesto del Inaem para esto no será inferior al presupuesto de 2015.

 Además, se trabajará para agilizar lo máximo posible los trámites administrativos para la concesión de plazas asistenciales para estos usuarios, se incluirá en la Ley de Presupuestos para 2017 una subvención nominativa para la financiación de las plataformas autonómicas de implantación estatal, dando una solución similar a la que se da en otras comunidades; y se aprobará en esta Legislatura un Plan de Salud Mental contando con las asociaciones de pacientes y familiares.

También se actualizará el protocolo de traslado de personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual y divulgación a los profesionales y a las asociaciones de pacientes y familiares y se aprobará la norma que regule la accesibilidad universal para que se ejecuten conforme a la misma los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público, ya sean de titularidad pública o privada.