A Iván, peón de un Centro Especial de Empleo de Terrassa, le han pagado este mes el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Serían los 900 euros si no fuera porque faltó un día. El problema es que en su nómina se ve como le retiran los 58 euros que había acumulado como antigüedad por sus 15 años en la empresa. Esta es una fórmula que están aplicando -o quieren aplicar- algunos de estos centros de trabajo, porque aseguran que solo así pueden hacer frente a la subidas, pero hay empleados que, junto con los sindicatos, lo consideran injusto.

Tras el pago de las nóminas de enero de 2019, las que debían contemplar la subida a 900 euros de salario mínimo, lo que prima entre los Centros Especiales de Empleo (CEE) y sus plantillas es cierto desorden. Algunos han pagado el salario mínimo y otros lo han hecho absorbiendo en él algunos pluses como el de antigüedad. También los hay que mantienen el sueldo de 2018 a la espera de negociar con sus plantillas. En algunos casos, les han propuesto aumentar a estos trabajadores la jornada laboral en aproximadamente media hora, algo que también rechazan los sindicatos.

Los centros aseguran estar asfixiados

En Catalunya hay actualmente 210 Centros Especiales de Empleo, que dan trabajo e inserción social a unas 10.000 personas con discapacidad intelectual y física. El salario de los peones está asociado al SMI, con lo que de un año para otro los centros -en su mayoría, fundaciones- tienen que pasar de pagarles 735 euros mensuales a 900. Un aumento del 22,3% que desde sus patronales aseguran que les asfixia las cuentas si no va acompañado de un incremento cuando menos similar de las subvenciones.

«Nuestra intención es garantizar los derechos y celebramos la subida del SMI, pero sin una mayor financiación es una falacia», expresa Maise Balcells, portavoz de la Asociación Empresarial de Economía Solidaria Dincat, la patronal que representa a la mayoría de fundaciones que emplean a personas con discapacidad intelectual. Balcells asegura que para hacer frente a la subida algunas entidades ya están endeudándose y descapitalizándose. «No podremos soportar muchos meses así», sostiene.

La financiación de los CEE

Los sueldos de los peones de los Centros Especiales de Empleo están subvencionados en un 50% por parte de la Administración. En el caso de Catalunya en 2018, la partida que se destinó para este fin fue de 85 millones de euros, de los cuales la Generalitat asumió 35. El Departamento de Asuntos Sociales y Trabajo ya ha anunciado que incrementará su partida en 7,5 millones, la que calculan que es la parte que les toca de la subida del SMI. El Ministerio de Trabajo, por su parte, también ha puesto sobre la mesa una partida para compensarlo, de 100 millones para todo el Estado, pero fuentes gubernamentales admiten que todavía no se han transferido.

La patronal considera este retraso una irresponsabilidad, y a su vez calcula que la inversión debería ser superior para garantizarles la viabilidad. Desde hace años, reclaman que la aportación de la Administración cubra el 75% de la masa salarial de sus empleados con discapacidad, entre otras razones porque aseguran que el envejecimiento de muchos de ellos dificulta todavía más su ocupación.

Desde los sindicatos entienden que la situación contable de algunos de estos centros puede ser complicada, pero piden que se les presenten los balances antes de tomar decisiones como repercutir los ajustes en el trabajador. «No puede ser que una persona que entre hoy a trabajar en estos centros cobre lo mismo, el salario mínimo, que otra que lleva 20 años en la empresa porque le han retirado el plus de antigüedad», reflexiona Estrella Gutiérrez, responsable del ámbito de Discapadidad de CCOO. De la forma similar se expresa Carlos Moreno, su homóloga en UGT, que les pide que presenten los balances contables a las plantillas antes de amenazar de que con la subida del SMI les condena al cierre.

La controversia de la antigüedad

La absorción de los complementos como el de antigüedad dentro del nuevo salario mínimo interprofesional ha enfrentado a sindicatos y patronal en un debate jurídico. Mientras los primeros aseguran que no se puede incluir este plus dentro de los 900 euros, la patronal interpreta que sí.  Expertos laborales apuntan que los pluses se pueden integrar en el cómputo mensual si no tienen que ver con el desempeño del profesional, como pasa con los de productividad o nocturnidad.

Ante las dudas y las quejas de falta de financiación, otra de las opciones por las que han optado algunos de estos CEE es seguir pagando el salario mínimo de 2018 a la espera de alcanzar un consenso con su plantilla y de recibir fondos adicionales de la Administración. En este sentido, interpretan que el real decreto de aprobación del nuevo SMI les permite explorar esta vía, puesto que no establece que haya que pagar los 900 euros ya desde enero siempre que a final de año sí acaben abonando al trabajador los 12.600 euros de salario mínimo.

Aumentar las horas de trabajo

Pese a que desde la patronal aseguran que cada centro resuelve su situación financiera como puede, sí admiten que la medida de absorber la antigüedad se ha planteado de forma casi generalizada. Es lo que le ha pasado a Iván en su centro, Fupar de Terrassa. Pero hay otros CEE que han ido un poco más allá -sin el respaldo específico de la patronal- y han aumentado además la jornada laboral de sus peones.

Es el caso del Sant Tomàs-TAC Osona, según detallan fuentes sindicales. Si por convenio los peones tienen unas 1.600 horas de trabajo anuales, les plantean una subida a 1.700. Lo que, a la práctica supone aumentar la jornada de 7.30 horas de estos trabajadores en entre 20 minutos y media hora más al día. Desde la empresa, por su parte, contestan que con 230 empleados cobrando el SMI tendrán que hacer frente de golpe a un aumento de 400.000 euros en masa salarial y piden ayuda a la Administración para mitigarlo.

Fuente: Eldiario.es