Certificado de discapacidad

¿QUE ES EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD?
Es el documento que acredita el grado de discapacidad de una persona. Se otorga el certificado a quienes tienen un grado mínimo del 33%. Su concesión implica una serie de beneficios, que garantizan que las personas con discapacidad vivan “con plenitud de derechos” o “participen en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país.
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD?
Pueden solicitarlo las personas nacionales, pero también extranjeras que residan de manera legal en nuestro país y estén empadronadas en el municipio donde gestionan la solicitud y que presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
¿LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SE PUEDE TRADUCIR EN UN GRADO Y PUEDE SER MOTIVO DE DISCAPACIDAD?
La valoración del porcentaje de discapacidad se regula por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Los criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible a deficiencias del riñón se rigen por:
Clase 1:
0 %. El paciente padece insuficiencia renal crónica con aclaramientos de creatinina superiores a 50 ml/min. O presenta episodios recurrentes de afectación renal transitoria que precisan atención médica documentada menos de tres veces o durante menos de 30 días al año.
Clase 2:
1 a 24 %. El paciente padece insuficiencia renal crónica con aclaramientos de creatinina entre 20 y 50 ml/min. O presenta episodios recurrentes de afectación renal transitoria que precisan atención médica documentada más de tres veces o más de 30 días al año.
Clase 3:
25 a 49 %. El paciente padece insuficiencia renal crónica con aclaramientos de creatinina inferiores a 20 ml/min, no precisando tratamiento dialítico continuado. Y Su grado de discapacidad es leve o moderado. O El paciente presenta deterioro progresivo de la función renal en el último año, con aclaramientos de creatinina entre 20 y 50 ml/min. Su grado de discapacidad es leve o moderado.
Clase 4:
50 a 70 %. El paciente padece insuficiencia renal crónica que precisa tratamiento dialítico continuado o Su grado de discapacidad es grave estando contraindicado el tratamiento sustitutorio.
Clase 5:
75 %. El paciente presenta patología renal, se cumplen los parámetros objetivos de la clase 4 y su grado de discapacidad es muy grave, dependiendo de otra persona para realizar las actividades de auto cuidado.
¿DONDE SE SOLICITA?

El procedimiento se inicia a instancia de persona interesada mediante presentación de solicitud ante el Órgano administrativo correspondiente a su Comunidad Autónoma de residencia o Dirección Territorial del IMSERSO de Ceuta y Melilla. Para facilitar la presentación de la documentación requerida las distintas unidades tienen establecidos distintos formularios de solicitud; a dicha solicitud la persona interesada aportará la documentación que, en su caso, acredite su identidad y su situación de salud.

Reconocida la persona por el Equipo del Centro de Valoración y Orientación, los responsables de los Órganos competentes en la materia de las Comunidades Autónomas o de las Direcciones Territoriales del Imserso deberán dictar resolución expresa sobre el reconocimiento de grado, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede. El reconocimiento de grado de discapacidad (minusvalía) se entenderá producida desde la fecha de solicitud, debiendo figurar necesariamente la fecha en la que, en su caso, puede tener lugar su revisión.
CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN: http://sid.usal.es/faq.aspx?id=230

¿CUAL ES EL GRADO MINIMO DE DISCAPACIDAD NECESARIO PARA OBTENER BENEFICIOS?
Se debe alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de discapacidad y así poder solicitar las distintas prestaciones.
¿HAY ALGÚN TIPO DE TABLA ORIENTATIVA DE LOS GRADOS DE DISCAPACIDAD?

Los beneficios del certificado de discapacidad se dividen entre personas con un grado de entre el 33% y el 64%, y personas con un grado igual o superior al 65%.

Estos beneficios son principalmente sociales, laborales y fiscales. No todas las personas con discapacidad tienen acceso a los mismos beneficios, pues a pesar de que muchas ayudas dependen del Estado, otras dependen de cada Comunidad Autónoma, y además, para optar a algunas de ellas es necesario cumplir ciertos requisitos económicos, de edad, de convivencia o de formación.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE DISCAPACIDAD E INCAPACIDAD LABORAL?

La discapacidad se acredita con un Certificado de Discapacidad de igual o más del 33% y determina las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que tiene una persona conforme al baremo establecido por el R.D. 1971/1999; La incapacidad laboral determina que no puedes desempeñar las tareas de tu profesión habitual, de toda profesión o que incluso necesitas ayuda de tercera persona: es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
NOTAS: De conformidad con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, y tras el desarrollo por el RD 1414/2006, con la incapacidad laboral se pueden acceder a unos beneficios aunque no se posea el grado de discapacidad, estos beneficios son: ser considerado persona con discapacidad a la hora de ser contratado, ventajas fiscales de la declaración del Impuesto de la Renta de Personas Físicas, y reducciones en la retenciones mensuales de la nómina.

¿ES POSIBLE JUBILARSE DE FORMA ANTICIPADA POR MOTIVO DE LA DISCAPACIDAD QUE SE SUFRE?
Con carácter general, se recoge en el artículo 161.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, que la edad de jubilación queda fijada en los 65 años.
Sin embargo, mediante el Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad, es posible anticipar la edad de jubilación.
La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes “grados de discapacidad”:
  • El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
  • El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación.
En lo que a los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento se refiere, hay que tener en cuenta, además, el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad con ese grado de discapacidad. Es importante destacar que los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas para acogerse a lo establecido en este Real Decreto y en el Real Decreto 1539/2003, ya referido podrán optar por la aplicación del que les resulte más favorable.
SI TENGO QUE ACUDIR A CONSULTA MÉDICA, ¿SE ME RETRIBUYEN LAS AUSENCIAS?
El artículo 37.3 ET recoge un listado de licencias retribuidas. Sin embargo, en dicho precepto no se contiene la asistencia a consultas médicas y/o rehabilitación.
A pesar de esta falta de regulación, el Estatuto de los Trabajadores no recoge una enumeración cerrada, sino que deja vía libre a la negociación colectiva para que pueda ampliar los supuestos de licencias retribuidas. De hecho suele ser una práctica habitual el incluir en los convenios colectivos el derecho, ilimitado o no en cuanto a su número, a las licencias retribuidas de los trabajadores en el supuesto de asistencia a consultas facultativas.
En defecto de previsión en convenio colectivo, el trabajador no tendría derecho a licencias retribuidas para acudir a consulta médica, aunque sí tendría derecho a ausentarse del puesto de trabajo durante el período mínimo necesario para ello, debiendo recuperar posteriormente el período en el que se haya ausentado.
¿ES POSIBLE QUE SE ME REDUZCA LA JORNADA LABORAL POR RAZÓN DE MI DISCAPACIDAD?

Con carácter general, no se establece una jornada especial en el Estatuto de los Trabajadores para las personas con discapacidad.
Así, únicamente se establecen limitaciones o regímenes especiales para ciertos supuestos, como serían los menores, o el trabajo nocturno.

Por ello, si una persona pretendiese reducir su jornada con base en su discapacidad, no existiría causa legal para ello en la Ley, con base exclusiva en su discapacidad.

Ahora bien, sí sería posible instar una modificación de la jornada por aplicación del principio general del derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, recogida en el artículo 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Por su parte, el artículo 15.d) de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece como principio de la acción preventiva, la adaptación del puesto de trabajo a la persona.

Si el trabajador pudiese acreditar con informes médicos que para su estado de salud es más conveniente la prestación de una jornada laboral más reducida, podría instarse al empresario a dicha reducción, y si éste voluntariamente no la lleva a cabo, instar la extinción causal del contrato de trabajo, por aplicación de lo establecido en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Conforme al mecanismo legal establecido en dicho artículo, si una empresa comete un incumplimiento grave de sus obligaciones, entre la que se encuentra proteger la integridad física del trabajador, es posible acudir a un Juzgado de lo Social para que dicho órgano decrete la extinción del contrato de trabajo con causa en dicho incumplimiento de la empresa. En tal caso, el trabajador

percibiría la indemnización prevista para el despido improcedente en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.
Un supuesto distinto, aunque relacionado, es el de un trabajador que tiene a su cuidado a una persona con discapacidad. En este caso, el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho.

11. A LA HORA DE BUSCAR TRABAJO, ¿TENGO QUE INFORMAR A LA EMPRESA QUE ME VA A CONTRATAR QUE TENGO UNA DISCAPACIDAD?
En principio, nadie está obligado a declarar sobre su estado de salud a la hora de buscar empleo.
Ahora bien, por un lado, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación para el empresario de adecuar el puesto de trabajo a la persona; esto es, a las concretas circunstancias físicas y personales de cada trabajador.
Por ello, si el trabajador tiene una discapacidad, el empresario debe adaptar su puesto de trabajo a sus circunstancias personales. Si no lo hace, podría incurrir en responsabilidad.
Así, si no se le comunica al empresario la discapacidad del trabajador se le podría causar un perjuicio que podría suponer como represalia la extinción de su contrato de trabajo, por trasgresión de la buena fe contractual, al no haber comunicado a la empresa el dato de la discapacidad.
Por otra parte, también es posible que una empresa que pudiese contratar al solicitante, se abstuviese de hacerlo, dada su condición de persona con discapacidad.
No debe perderse de vista tampoco que existen subvenciones a la contratación de trabajadores con discapacidad, y que las empresas, en ciertas ocasiones buscan a trabajadores con discapacidad para tener mayor competitividad integrando la diversidad humana su plantilla y/o poder beneficiarse de dichas ayudas.
Este es el panorama general sobre la cuestión. No existe una obligación legal expresa de que el trabajador comunique al empresario la existencia de una discapacidad, aunque ello parece desprenderse del deber general de buena fe que se exige respecto de la relación laboral.
La decisión es una cuestión personal.

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