Un total de 4.366 reclusos en España tienen discapacidad y sólo la mitad de ellos cuentan con un certificado oficial, según se puso de manifiesto en una Mesa Redonda organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la que participaron asociaciones y representantes implicados en el sector de la discapacidad.

En el acto, moderado por el director general de Servimedia y director de ‘cermi.es semanal’, José Manuel González Huesa, la jefa de área de Programas Específicos de Tratamiento de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Florencia Pozuelo, explicó que “empezamos a registrar los datos gracias al Defensor del Pueblo, que puso el foco en este tipo de internos”.

En un principio se trataba de investigar la situación de los presos con discapacidad intelectual, pero con el tiempo se fue ampliando a todo el sector de la discapacidad y “a día de hoy ya es una estadística oficial que se recoge sistemáticamente en relación al tipo de discapacidad”.

En este sentido, el responsable del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, aseguró que “siempre hemos tenido un especial interés por los presos, pues son personas por definición en una situación de dependencia y vulnerabilidad, puesto que están sujetos a las administraciones públicas, han perdido la libertad pero no han perdido un conjunto de derechos muy amplio”.

En el caso de las personas con discapacidad, “me impactó muchísimo saber que en la mayoría de las sentencias judiciales condenatorias no había ningún elemento que hiciera deducir que esa persona tenía una discapacidad intelectual. Si un juez no conoce que esa persona tiene una discapacidad no puede valorar perfectamente la situación”, puntualizó.

DESCONOCER LA DISCAPACIDAD

Según informó ‘cermi.es semanal’, durante su intervención en la mesa redonda, la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, afirmó que “entre el 60 y el 70% de las personas que llegan a los centros penitenciarios no se les ha detectado previamente que presenta una discapacidad intelectual y eso supone que no lo han detectado ni los sistemas educativos, ni los sanitarios, ni los sociales, policiales, judiciales y es cuando llega al centro penitenciario y se produce una alarma, cuando nuestros técnicos intervienen y se empieza a tramitar el diagnóstico”. Para la asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Marta Muñoz, “tenemos derecho a contar con un intérprete de lengua de signos desde el momento de la detención hasta el proceso judicial completo, no depende de la buena voluntad de los jueces pero si ellos no conocen la ley tampoco permiten la incorporación de este profesional y las propias personas sordas en muchas ocasiones desconocen este derecho”.

SALUD MENTAL

En el caso de las personas con problemas de salud mental, la asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, Irene Muñoz, aseguró que “partimos de la premisa de que ninguna persona con trastorno mental debería entrar en prisión ni en un centro psiquiátrico penitenciario, donde las condiciones son tremendas”.

A este respecto, José Manuel Arroyo, representante de Instituciones Penitenciarias, explicó que “nuestra obligación es trabajar para que los reclusos con enfermedad mental tengan a su disposición todos los recursos, que los tienen que presentar los servicios de salud mental especializados, porque prisiones no tiene un servicio especializado, pero trabajamos para que tengan acceso a esa atención. Hay comunidades autónomas que destinan psiquiatras a las prisiones para que trabajen allí pero hay otras en las que no lo hacen y tenemos que enviar a las personas con enfermedad mental con un guardia civil para que los traten en consulta”.