Entidades y asociaciones que emplean a personas con discapacidad piden que la medida vaya acompañada de un aumento de las subvenciones

Los centros especiales de trabajo, aquellos que emplean al menos a un 70% de personas con discapacidad para contribuir en su inserción laboral, están en alerta por la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, una medida que el Gobierno aprobará por decreto este viernes. El convenio estipula que la base del sueldo de estos trabajadores es el salario mínimo, y que la Administración costea al 50% para compensar la menor productividad de los empleados. Las empresas, que consideran una buena noticia que aumente la retribución a sus trabajadora/es, consideran sin embargo que la subvención del Estado también tiene que subir en porcentaje. Muchos centros, que cargan desde hace diez años con recortes que no se han conseguido revertir, se enfrentan al problema de tener que cuadrar los presupuestos al verse obligados a aflorar un 22% más capital para aumentar la masa salarial. Los despidos o el cierre de las empresas no son una opción: «No podemos dejarlos tirados», lamentan.

En España hay 481.000 personas con discapacidad que están trabajando tanto en centros especiales como en empresas ordinarias, lo que representa una tasa de empleo del 25,9% con respecto al colectivo en su conjunto, según los datos del INE correspondientes a 2017. En los 1.992 Centros Especiales de Empleo (CEE) que hay en España trabajan más de 76.000 empleada/os con discapacidad. Estos centros nacieron para dar trabajo a las personas con especial dificultad (más de un 33% de discapacidad intelectual o problemas de salud mental, y más de un 65% de discapacidad física), pero las ayudas de la Administración no hacen distinción entre estas personas y las que tienen discapacidades más bajas. Actualmente, el 44% de los trabajadores que están en un CEE tiene especial dificultad.