Fátima se sometió hace 15 años a una operación de cadera que la dejó coja y que la llevó al infierno de la violencia de género. “Mi marido me empezó a decir que no valía para nada. Al principio yo estaba en silla de ruedas. Le pedía ayuda para ducharme pero no me ayudaba. Tenía que pagar a una señora con el dinero que me mandaba mi madre. Él pasaba de mí totalmente (…) no me daba ni un vaso de agua”.

“Cuando me ponía a llorar de rabia abría la puerta de la calle y empezaba a decir a los vecinos: “Mirad, se ha vuelto loca, está llorando”. Y yo, ‘solo estoy diciendo que me ayude ducharme'”, recuerda esta mujer de 50 años que prefiere que no se conozca su verdadero nombre. Llegó hace tres décadas desde Marruecos y se casó con un español, del que se separó hace dos años.

Fátima forma parte del 31% de mujeres con discapacidad que ha sufrido malos tratos por parte de sus parejas o exparejas, según el Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad  elaborada por la Fundación Cermi Mujeres a partir de la Macroencuesta de 2015 del Ministerio de Sanidad.

Este estudio incide en que la prevalencia de la violencia machista -ejercida muchas veces por la pareja que también es cuidador- es mucho mayor entre este colectivo por su doble vulnerabilidad: la de ser mujer y tener discapacidad, lo que disminuye su autoestima y dificulta su acceso al trabajo. La más frecuente es la violencia psicológica emocional, que ha sufrido el 24,5% de ellas frente al 14% de las mujeres sin discapacidad.

Sufren también en mayor medida la violencia psicológica de control (el 23% frente al 15,1%), la violencia económica (13,3% frente al 6,4%), violencia física (10,9% frente a 4,7%) y la violencia sexual (8,5% frente a 3,9%).

Además de violencia psicológica, Fátima sufrió también los golpes de su maltratador, pero la primera vez que le denunció le perdonó “porque toda la gente” le dijo que “aguantara hasta que crecieran los hijos. La segunda vez no dio marcha atrás pero, asegura, se sintió cuestionada cuando la jueza le dijo que “no tenía pinta de maltratada porque llevaba la melena tratada”.


18 mujeres con discapacidad asesinadas en el último lustro


La secretaria general de la Fundación ONCE, Teresa Palahí, lamenta que este sea el único dato registrado en los registros oficiales. “No sabemos cuántas denuncian, cuántas retiran la denuncia o cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia de los malos tratos recibidos”, explica a RTVE.es

Con el único dato de las asesinadas, “difícilmente se puede diseñar una política pública idónea que permita prevenir y ofrecer una atención idónea para las mujeres con discapacidad”.

Las “barreras” de los propios recursos para las víctimas

Palahí subraya que la violencia de género “opera de la misma manera”, pero que el “problema” de las víctimas con discapacidad es que “los servicios de detección y de abordaje no están adaptados a las necesidades concretas” de este colectivo.

 

 

Fuente:RTVE.es

“Siguen existiendo barreras de todo tipo, en la comunicación, en el entorno construido, hay barreras simbólicas que deben ser eliminadas”, añade la secretaria general de la Fundación ONCE, que incide también en la necesidad de formar a todos los actores involucrados para que tengan las herramientas apropiadas para atenderlas.

Esta falta de adaptación de los recursos hace, pone como ejemplo, que no puedan usar las casas de acogida disponibles porque no son accesibles. Se las deriva a dispositivos especializados en discapacidad que, “en última instancia, invisibilizan la situación de violencia que sufre la mujer” al negarles el poder ir por el “mismo itinerario” que el resto de víctimas.

Las mujeres discapacitadas temen más que no las crean

Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) se incide también en la falta de adaptación de los servicios de asistencia respecto a las necesidades comunicativas de las mujeres con esta discapacidad [el 016 es accesible pero no las 24 horas del día, por ejemplo] y en el desconocimiento sobre este colectivo por parte de los profesionales implicados en la atención de la violencia de género, pero se subraya además la “menor credibilidad que se le da a la mujer por el hecho de ser sorda”.

La responsable del área de Igualdad de Género de la Confederación, Alba Prado, explica que existe un “prejuicio” ante las personas que utilizan la lengua de signos por desconocimiento de esta realidad, de manera que estas mujeres temen que no las creerán y tienen “miedo” de que no las consideren capacitadas “solo por su forma de comunicación” y les quiten la custodia de los hijos.

De hecho, el 17% de las mujeres discapacitadas que no denuncian lo hace por temor a no ser creídas frente al 8% que alega este motivo entre las que no tienen discapacidad, según el informe de Fundación Cermi Mujeres.

A los problemas de comunicación se suma, en el caso de la discapacidad auditiva, la dificultad de encontrar un confidente porque víctima y agresor suelen compartir amistades. “La comunidad sorda es pequeña y es fácil que se conozcan todos. Muchas se callan, permanecen en silencio”, explica Prado.

Para superar estas barreras, la CNSE puso en marcha el pasado mes de julio el servicio ALBA para la atención online y el asesoramiento de estas víctimas.