David Fernández, un murense de 44 años, padecía un problema grave de riñones que le llevó a la diálisis y a una posterior operación para extirparle los órganos, dañados por quistes. Una patología que derivó en que se le concediera la incapacidad permanente ante la imposibilidad de continuar desarrollando su labor profesional. La ayuda económica, que rondaba los seiscientos euros, le ayudaba a mantenerse independiente y a pagar las medicinas y los desplazamientos hasta el HUCA, donde estaba siendo tratado, pero ahora ha desaparecido.
En el 2017 llegó la buena noticia del trasplante, que se le practicó en agosto. Sin embargo, tras la operación, David quedó atado a una medicación inmunosupresora. La sorpresa llegó el pasado mes de diciembre, cuando al pasar la pertinente revisión se acordó retirarle la incapacidad permanente y considerarle apto para trabajar. «Sabía que podía modificarse pero en este caso no estoy recuperado. Es más los informes médicos lo desaconsejan», explica David Fernández. En el plazo que se le dio para realizar alegaciones presentó el pertinente informe de su nefrólogo en el que se advertía de la posibilidad de un cambio de medicación por lo que se recomendaba que siguiera con la baja.
«Tomo veinte pastillas al día y me provocan temblores constantes. De eso son conscientes mis médicos por las reiteradas revisiones de ahí que me vayan a cambiar la medicación. De hecho comienzo con la nueva el día 22 y eso me obligará a ir al HUCA varias veces los próximos meses hasta que todo esté normalizado», explica.
Las alegaciones no fueron admitidas y la pasada semana le llegaba la carta certificada en la que se reiteraba la decisión de suprimir la incapacidad. Ante esto decidió presentar una queja ante el Defensor del Paciente y volver a reiterar sus quejas adjuntado los últimos informes del especialista.
«No me he recuperado del transplante y me dejan sin ningún tipo de ayudas y sin opción a trabajar porque mi médica me dice que es mejor que espere», señala Fernández, que añade que es diseñador gráfico y con los temblores que me provocan las pastillas no puede ejercer. «Me dicen que estoy apto para trabajar pero me quitan hasta la profesión porque no puedo ni coger el ratón del ordenador por los temblores», expone.
«Nos parece muy grave y que no concuerda con la ideas de las que ustedes presumen», destaca Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, que añade en su escrito que «solicitamos que, de inmediato, sea solventada esta situación por responsabilidad y por el bien de este paciente, que además de su problema está depresivo»
David Fernández, vecino de Muros de Nalón, denuncia que se le ha retirado la incapacidad en contra de los informes médicos que la aconsejan
Ayuda familiar
Y que la situación no está siendo fácil de llevar para Fernández, que se ha visto muy afectado por la decisión. Su familia, que le está ayudando, está intentando tramitar para él el Salario Social, para lo que le han inscrito en el paro. «Ya está en tramitación pero hasta el 10 de mayo no recibiría salario ninguno. Mientras tenemos que ayudarle», destaca su hermana, Rocío Fernández. Por su parte él solo pide que se retracten de la decisión «hasta que yo esté en plenas condiciones para ir a trabajar y tenga los informes médicos que lo aconsejen».
Fuente: Diario El Comercio
