El pasado día 16 de mayo se presentó y debatió en el Congreso de los Diputados, la proposición de Ley registrada por el grupo socialista, relativa a la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante. LA votación para seguir el trámite legislativo será el jueves 18 de mayo y se espera que haya un amplio consenso en su aprobación. Los representantes de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, junto con los compañeros de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), acudieron como invitados a dicho debate. Acudieron en directo el presidente de la Federación, Daniel Gallego, el vicepresidente, Manuel Arellano y el director general de la entidad, Juan Carlos Julián. Esta propuesta legislativa es una demanda de nuestra Federación desde hace casi una década, que siempre ha contado con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplante y parece que por fin ha encontrado el consenso de la cámara para tramitarse.
La propuesta busca compensar y evitar perjuicios en el ámbito laboral y económico de las personas que actúen como donantes en vida de órganos para su trasplante (riñón o hígado). En concreto se pretende que aquella persona que decida donar un riñón o parte de su hígado para trasplante, tenga la adecuada protección para contar con los días remunerados necesarios para la valoración, la operación y recuperación de este gesto altruista. La propuesta realiza una serie de modificaciones legales en materia reconocimiento como son las situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes en aquellas bajas laborales por la donación del órgano, así como el establecimiento de un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad de los donantes vivos y de sus órganos.
Aunque aún queda trámite legislativo, parece que estamos de enhorabuena y una de las reivindicaciones de ALCER será legislada en este año 2023, con un amplio consenso político.