Desde el Ministerio de Sanidad subrayan la importancia del papel del juez en los procesos de donación, especialmente en aquellos en los que las circunstancias del fallecimiento obligan a abrir una investigación judicial
En 2024, España registró un total de 6.466 trasplantes de órganos, de los cuales el 28 % (1.824) requirió la intervención de un juez, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad.
De esta cifra, 1.419 órganos provenían de donantes fallecidos y necesitaron autorización judicial antes de su trasplante. En detalle, se trató de 767 riñones, 262 hígados, 119 corazones, 225 pulmones y 46 páncreas. A estos se sumaron 405 trasplantes de donantes vivos, que también precisaron el visto bueno de un juez.
Estas cifras fueron presentadas en las XXVII jornadas de encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y la comunidad trasplantadora, que se celebran en Santander. Este foro, organizado anualmente por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con Cantabria, tiene como objetivo estrechar la cooperación entre jueces, forenses y profesionales sanitarios para garantizar el correcto desarrollo de los procesos de donación y trasplante en el país.
Perfil de los donantes
En lo que respecta al perfil de los donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran hombres (71,1 %) con una edad media de 53,8 años, notablemente inferior a la de aquellos casos en los que no fue necesaria la intervención judicial (62,5 años). Esta diferencia de edad se atribuye, probablemente, a las distintas causas de fallecimiento.
De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de muerte en el 45,2 % de los casos en los que se requirió autorización judicial, mientras que los traumatismos causados por accidentes de tráfico representaron el 23,1 %. En contraste, estos porcentajes fueron significativamente menores en los donantes en los que no fue necesaria la autorización judicial, situándose en el 1,6 % y el 0,3 %, respectivamente.
Cómo funciona el proceso de donación
El pasado año, los jueces fueron requeridos en 500 ocasiones por la coordinación de trasplantes para autorizar la extracción de órganos en personas fallecidas. De estas solicitudes, solo en 17 casos (3,4 %) se denegó la autorización al considerar que la donación podía interferir con una investigación judicial en curso.
El porcentaje de negativas judiciales fue similar tanto en los casos de muerte encefálica (3,3 %) como en los de asistolia (3,5 %).
Desde el Ministerio de Sanidad subrayan la importancia del papel del juez en los procesos de donación, especialmente en aquellos en los que las circunstancias del fallecimiento obligan a abrir una investigación judicial. Esto ocurre en casos de accidentes, posibles homicidios o muertes que requieren una autopsia para determinar su causa.
En estos procedimientos, el juez interviene tras recibir una solicitud de autorización por parte del coordinador de trasplantes. A partir de ahí, el médico forense, como perito adscrito al órgano judicial, debe determinar si la extracción de órganos podría afectar a la investigación de la causa del fallecimiento. Su informe es fundamental para que el juez tome una decisión informada.
