Durante algunos años en Baleares más del 25% fueron detectados en centros privados, aunque la donación se produjera finalmente en la pública al acceder la familia a su traslado
En esta columna hemos venido comentando las acciones emprendidas desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para mejorar la donación y el trasplante de órganos y como éstas se han traducido en los incrementos progresivos de los índices de donación a lo largo de los años hasta alcanzar en el último año la cifra estratosférica de 52,6 donantes por millón de habitantes (pmp). Como comparación necesaria para valorar este dato, la equivalente de 2023 para la Unión Europea fue de 22,9, bastante menos de la mitad, la del Reino Unido 22,4, Alemania 11,6, Italia 29,4, Francia 27,6 o Australia 19,4 donantes pmp y de ahí para abajo. Solo Estados Unidos se acerca a las cifras españolas con 48,1, pero como consecuencia del desgraciado boom de la mortalidad por fentanilo y otros opioides que viene asolando este país desde hace más de una década y que es responsable de los incrementos de mortalidad, especialmente en gente joven, registrados allí en los últimos años.
Llegados a este punto nos debemos plantear si hemos llegado a unos niveles imposibles de superar de manera significativa, o si por el contrario podemos aún seguir creciendo. La respuesta tiene obligadamente que apuntar en esta dirección por muchos motivos, pero uno por encima de todos: si las diferencias en los índices de donación entre las comunidades que están en lo alto de la clasificación y las de la parte baja rondan los 30 – 40 puntos, el objetivo para nada ilusorio debería ser identificar claramente las razones de estas diferencias y conseguir que las de la cola alcanzasen o al menos se aproximasen a las más aventajadas.
Al analizar estos datos, sobresale el de Cantabria con 94,9 donantes (cerca de nueve veces más que en Alemania), pero hay otras tres comunidades por encima de 60 (Navarra, Murcia y Extremadura) y hasta 12 por encima de 50, una cifra que no alcanza ningún otro país. Solo cinco comunidades quedan por debajo de este dintel y por tanto de la media española, aunque ello no impida que en el plano internacional se situaran en primerísima línea por encima de casi todos los países. Entre estas comunidades se encuentran, y ahora veremos que no por casualidad, Madrid, Cataluña y Baleares, significativamente las dos primeras muy pobladas y con la concentración de medicina especializada, centros de trasplante y actividad trasplantadora más potentes de España, bien es cierto que en gran medida a expensas del importante flujo de enfermos y órganos desde otras partes de España. Hay sin embargo un nexo común entre ellas que no se debe olvidar: el importante y creciente peso de la medicina privada que cada día cubre un mayor porcentaje de la población y además con intervenciones cada vez de mayor complejidad. Sin pretender que este sea el único factor que puede explicar las diferencias de resultados de donación entre comunidades, lo cierto es que sí puede influir y mucho y conviene reflexionar sobre ello si queremos afrontar el reto de seguir creciendo.
En el Plan Estratégico 50 x 22 de la ONT, elaborado en 2018 y así denominado por pretender llegar a los 50 donantes por millón de habitantes en el 2022 (algo que finalmente se ha conseguido dos años después por el paréntesis que representó la pandemia de covid), se plantearon una serie de medidas que se han ido implementando a lo largo de los últimos años y que han permitido continuar el crecimiento del sistema.
Una de estas medidas innovadoras fue el acuerdo institucional con la sanidad privada para que ésta contribuya en una mayor medida a la donación de órganos en sus hospitales. El tema no es nuevo porque algunos centros privados han venido contribuyendo de una forma irregular, pero a veces significativa al número de donantes de algunas comunidades. Por ejemplo, Baleares, donde el peso de la sanidad privada ha sido tradicionalmente muy considerable, tuvo en algunos años más del 25% de sus donantes detectados en las clínicas privadas, aunque la donación se produjera finalmente en un hospital público al acceder la familia a su traslado.
En 2019, la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE) y la ONT firmaron un acuerdo que refrenda la integración de actividad de la sanidad privada en la red de donación de órganos y tejidos. Tras la firma todo fueron parabienes y deseos de que esta integración se ampliara a otras áreas de la sanidad. Sin embargo, cinco años después, solo cabe calificar los resultados de decepcionantes. En la Memoria 2024 de la ONT se pone de manifiesto que solo se registraron 29 donantes en toda la sanidad privada española, un 1,1% del total, de los que 18 se trasladaron a un centro público para realizar la extracción de órganos. Estas cifras, que en 2023 fueron incluso menores (0,5%) son más bajas que las previas a la firma del acuerdo ya que en 2016 y 2017 el porcentaje fue del 1,6% lo que ahorra cualquier comentario sobre la eficacia del mismo. Tan solo unos setenta españoles se trasplantaron el pasado año con órganos donados en la sanidad privada (en total lo fueron 6464 pacientes) y ello contrasta con el peso creciente de la misma entre la población española y el hecho de que por supuesto todos los ciudadanos tienen acceso a todos los órganos donados, independientemente de la entidad del hospital donde se produce el deceso.
Las cifras recogidas en el último informe del IDIS (Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad) delimitan perfectamente la situación: la sanidad privada supone el 28,4 % del gasto sanitario total, con Cataluña, Madrid y Baleares a la cabeza del gasto sanitario per cápita. Un total de 12,42 millones de españoles están cubiertos por la sanidad privada (la cuarta parte de la población española), la mayoría con doble cobertura compartida con la pública. La penetración en Madrid es del 38,7%, en Cataluña del 32,4% y en Baleares del 30,9% por encima de la media española del 25,9%. Los hospitales privados representan, sin contar los conciertos sustitutorios, el 22,6% de los ingresos, 23,4% de las consultas, 25,2% de las urgencias y el 32,6% de las cirugías y dentro de ellas el 41,7% de la neurocirugía, un campo especialmente relevante para la donación de órganos.
Todos los trasplantes de órganos se realizan en la actualidad en hospitales públicos salvo tres en Madrid, Barcelona y Navarra con actividad anterior a la creación de la ONT y que, en todo caso, están sometidos a las mismas normas de distribución de órganos y demás controles y por tanto actúan a todos los efectos como públicos. Debe quedar muy claro que cuando hablamos de la contribución de los hospitales privados al sistema de donación, no nos referimos a que en ellos se vayan a hacer trasplantes ya que estos deben seguirse realizando íntegramente en el sector público y ser controlados por el mismo. Se trata simplemente de que aquellas personas que fallecen en un hospital privado en condiciones de ser donante finalmente lleguen a serlo.
La implicación de la sanidad privada en la donación puede y debe contemplarse desde una doble vertiente. Por una parte, debe considerarse como un deber de la población que recurre a la misma puesto que si necesitan un trasplante lo van a conseguir en igualdad de condiciones en la sanidad pública. La máxima de la ONT de que todo el mundo debe donar porque todos lo podemos necesitar adquiere aquí una vivencia ejemplificadora. El hecho de que haya comunidades con un peso importante de la privada donde la colaboración no funciona como debiera, lo que hace de facto es amputar un porcentaje nada desdeñable de su población al sistema de donación.
Pero, por otro lado, los ciudadanos tienen el derecho a ser donantes siempre que ello sea posible, con independencia de donde fallezcan y el sistema debe hacer todo lo posible para que puedan ejercer esa última voluntad. A su vez, el enorme prestigio nacional e internacional de nuestro sistema de trasplantes puede y debe hacerse extensivo a los hospitales privados y éstos deben considerar su acceso al sistema de donación y la acreditación para la misma como un plus de calidad de indudable valor a la hora de calificar un centro hospitalario.
Las razones por las que esta colaboración no acaba de cuajar están claras a poco que uno conozca lo que requiere una donación de órganos y cómo funciona un hospital privado. Para empezar, se requiere la presencia de un coordinador de trasplantes bien seleccionado y bien formado, algo que no se improvisa y que desde luego no significa nombrar al primero que pasa por allí. Cuando se produce una donación es buena parte del hospital quien se pone en tensión, desde urgencias a cuidados intensivos, quirófanos y servicios centrales. Hace falta personal médico, de enfermería y auxiliar dedicado al donante y a la extracción de órganos además de su trabajo habitual, algo que requiere espacios, personal, recursos de todo tipo y desde luego voluntad de que funcione de una forma estable y no de una manera anecdótica. Solo un acuerdo muy claro de las consejerías de sanidad correspondientes con cada uno de los hospitales privados en el que se consideren y cuantifiquen todos estos aspectos, reconociendo el esfuerzo extra realizado permitirá lograr soluciones estables en el tiempo.
En suma, la incorporación efectiva del sistema privado a la donación de órganos es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de donación y trasplantes y una de las no excesivas vías que quedan aún por explorar para seguir creciendo. Son las últimas fronteras. El desafío está ahí.
