El turismo de trasplantes en España ha sido crónicamente un motivo de preocupación para ONT, profesionales y enfermos. Recientes iniciativas legislativas pueden poner en peligro los esfuerzos realizados hasta ahora
La Sociedad Española de Nefrología (SEN) ha hecho público un comunicado para sus socios, los médicos encargados del cuidado de los enfermos en tratamiento con diálisis y/o trasplante renal o bien en vías de necesitarlo. En él pone de manifiesto que la reciente publicación del “Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español”, ha generado dudas entre los profesionales sobre el acceso a la lista de espera de trasplante de personas extranjeras sin residencia legal en España, así como sobre la garantía de continuidad asistencial y tratamiento tras el trasplante.
Ante esta situación, la S.E.N. preguntó a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y realizó una consulta jurídica para aclarar el alcance de esta disposición y valorar si implica una modificación respecto a la situación previa. Las respuestas de ambas instancias fueron coincidentes en el sentido de que mientras no exista un desarrollo normativo adicional, estas personas podrán acceder a la lista de espera de trasplante tras acreditar dos años de residencia efectiva en España (como ocurre ahora) y que una vez incluidas en lista, lo harán en las mismas condiciones que cualquier otro paciente, con cargo a fondos públicos, siempre que cumplan el resto de los requisitos establecidos. Ello incluye la continuidad del tratamiento posterior al trasplante, al no poder entenderse esta atención de manera fragmentada.
Como se ve, el tema del acceso al trasplante de órganos para los no residentes en España (los tejidos y la médula son otra historia) preocupa a los profesionales y, desde luego, ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de la ONT desde los primeros años de su creación. La razón es muy clara: la demanda anual de trasplantes en el mundo se estima entre 2-2,5 millones de enfermos, mientras que la actividad no supera las 175.000 intervenciones: menos de un 10% de quienes necesitan un trasplante lo logran. Por contra, en España más de un 90% de estos pacientes lo consiguen a tiempo.
Estas diferencias escandalosas nos ponen en el punto de mira de personas de todo el mundo que aspiran a trasplantarse en nuestro país. Y aquí viene el problema: no hay órganos para todos y la competencia por los disponibles recae directamente sobre las posibilidades de trasplantar a nuestros pacientes. España colabora con numerosos países para mejorar sus sistemas y son muchas las vidas salvadas de esta forma, pero nuestros 6335 trasplantes del pasado año, con ser muchos, no pueden satisfacer esta demanda. Se llama turismo de trasplantes al viaje a otro país con el único propósito de ser trasplantado, obviamente porque en su lugar de residencia no encuentran las condiciones adecuadas.
Ante todo, aclarar conceptos. No se exige ni se ha exigido nunca nacionalidad española para ser trasplantado en nuestro país. El número de ciudadanos receptores de trasplante que habían nacido fuera ha ido creciendo conforme lo ha hecho la población inmigrante y recuerdo que a mediados de la pasada década hicimos un recuento de sus orígenes (lo que no es fácil, pues una vez consolidada su residencia acaban registrados como españoles) y había enfermos nacidos en hasta 62 países distintos. En su mayoría vivían regularmente en España desde años antes y tenían, por tanto, los mismos derechos y deberes que los nacidos aquí (con o sin papeles: a nadie se le ha negado un trasplante por no tenerlos), o bien les sobrevino una situación de urgencia vital que requirió tratamiento inmediato. No hay discusión sobre estos casos. De igual manera, un 11% de los donantes en España durante 2025 fueron personas no nacidas aquí. No es un problema de dónde se ha nacido, sino de dónde se vive y de qué comunidad se forma parte a todos los efectos.
Los intentos de acceso a nuestras listas de espera desde otros países han sido una constante en estos más de 30 años de liderazgo, muchas veces de la mano de gente bienintencionada, pero que desconocía o no se paró a pensar que, pese a nuestras altas tasas de donación, nunca alcanzaremos a cubrir toda la demanda. Entre un 6-10% de enfermos en lista de espera de corazón, hígado o pulmón fallecen cada año sin conseguir el órgano salvador. Cada trasplante a alguien que venga de fuera supone que alguien en nuestra lista de espera, español o no, pero con nombre y apellidos, va a fallecer o a permanecer en diálisis, aunque su identidad no salga a la luz. Así de claro.
La negativa sistemática de la ONT a estos intentos ha sido en general bien entendida, aunque no nos ha granjeado muchos amigos. Acceder a que se trasplanten enfermos de fuera (¿por qué unos sí y otros no?) no es una concesión graciable del médico, ni de una ONG, ni del que hace la recomendación (habitualmente un político, otro médico o un periodista), ni de la ONT o el ministerio: lo sería del enfermo que al final de la lista de espera no va a llegar a tiempo a trasplantarse y es más que dudoso que, de conocer las condiciones, él/ella o su familia dieran su aprobación. A ello hay que añadir el riesgo real de repulsa a donar órganos de la población si estos acaban masivamente en enfermos de fuera y casi siempre con dinero de por medio, algo que ya ocurrió en varios países como Francia o Bélgica en los años ochenta cuando los pacientes italianos inundaban sus listas de espera, con un gran deterioro de la credibilidad de sus sistemas al mezclarse irremisiblemente intereses espurios en la admisión de enfermos.
La Directiva Europea de Atención Transfronteriza de 2012 excluyó, a instancias nuestras y frente a grandes presiones internacionales, los trasplantes de órganos de donante fallecido, lo que ya evitó un aluvión de enfermos de la Unión Europea hacia España (Alemania tiene la cuarta parte de los donantes que España, la UE en su conjunto la mitad y países como Bulgaria 20 veces menos).
Pero ello no eliminó el problema. El turismo de trasplantes es probablemente la mayor amenaza que se cierne sobre nuestro sistema de cara al futuro. El caso de los ciudadanos búlgaros que en 2015 viajaron a España con falsos contratos de trabajo para acceder a la diálisis y al trasplante en Madrid, dentro de lo que la Guardia Civil denominó Operación RENIBUS, fue tan solo la punta del iceberg que nos permitió detectar casos similares de diversas nacionalidades en otras comunidades.
La amenaza del turismo de trasplantes procede tanto de casos aislados de gente con recursos o influencia, como sobre todo de oleadas con efecto llamada como la antes descrita, bien asesorados, que tienden a buscar resquicios en la legislación para acceder fraudulentamente a las listas de espera. En 2018 se consiguió establecer legalmente el plazo mínimo de dos años de residencia en España para acceder a la lista de espera, una medida fundamental para controlar este fenómeno. Sin embargo, el anteriormente citado Real Decreto 180/2026 vuelve a retomar la cuestión al establecer que esta disposición quedará sin efecto en el momento de entrada en vigor de la orden recogida en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que establece que “la ministra de Sanidad, previo informe favorable del Consejo Interterritorial (afortunadamente) establecería los requisitos y periodo mínimo para que las personas extranjeras accedan a la lista de espera de trasplantes”.
Aunque ocho años después el plazo establecido entonces no se ha modificado, no es de descartar que, con los vientos que corren, y el escaso o nulo cariño que los actuales dirigentes muestran por los trasplantes y la ONT, salvo cuando se trata de ponerse medallas, a algún político imprudente y no bien informado le dé por cambiar esta única barrera de contención de que disponemos y se produzca una avalancha de impredecibles consecuencias para los enfermos españoles que necesitan un trasplante. Habrá que estar atentos.
Dr. Rafael Matesanz
Fundador y Director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en 1989 hasta 2017. Pdte. del Comité de Trasplantes del Consejo de Europa durante 7 años y del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes durante 12. Pdte. del Grupo de Salud Pública de la UE y responsable de la actual Directiva Europea de Trasplantes. Consultor de la OMS sobre donación y trasplantes. Pdte. del Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña.
Fuente: elconfidencial.com
